miércoles, 24 de abril del 2024

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Crédito: Américo Villarreal Anaya Facebook
En la conferencia del jueves, el senador con licencia aseguró que, en caso de ganar la elección del 5 de junio, revisarán los antecedentes y acusaciones contra personal del Poder Judicial, Legislativo y Fiscalía para corroborar o desestimar tráfico de influencias, nepotismo y corrupción.

Redacción EB

Los y las magistradas y funcionarios del Congreso y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas serán sometidos a una evaluación, como parte de una “limpia” de persona corrupto, advirtió el candidato de la alianza “Juntos hacemos historia en Tamaulipas”, Américo Villarreal Anaya.

En la conferencia del jueves, el senador con licencia aseguró que, en caso de ganar la elección del 5 de junio, revisarán los antecedentes y acusaciones contra personal del Poder Judicial, para corroborar o desestimar tráfico de influencias, nepotismo y corrupción.

Tendremos que ver los mecanismos específicos para cada uno, de algunos cargos de responsabilidad que están establecidos por periodos ya constitucionales en ley [..,] pero el compromiso sigue siendo irrestricto, y que es para que quien se está considerando y pueda participar en esta próxima administración tiene que tener honestidad ante todo.

Américo Villarreal Anaya

En el último tramo del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca hubo nombramientos que han sido cuestionados por su cercanía con el grupo político. Por ejemplo, a la Sala Colegiada Penal del Poder Judicial del Estado fueron asignados Gloria Garza Jiménez exsubsecretaria de gobierno, mano derecha de César Verástegui Ostos;  Jorge Durham Infante, exconsejero jurídico del mismo órgano; y Javier Castro Ormaechea quien laboró de titular de la Fiscalía en combate a la corrupción.

La Sala Colegiada: Jorge Durham Infante, Gloria Garza Jiménez y Javier Castro Ormaechea.

Otro personaje señalado de presunto responsable de nepotismo y corrupción es Jorge Espino Ascanio, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Elefante Blanco reveló que el funcionario dependiente del Poder Legislativo colocó a su familia e hijas de su pareja en puestos de nivel medio y alto en la Fiscalía tamaulipeca, Secretaría de Salud, Sistema DIF, Desarrollo Económico y la oficina del gobernador.

Asimismo, el titular de la Fiscalía General de Justicia, Irving Barrios Mojica, es uno de los principales observados. El funcionario permanecerá en el cargo hasta 2027, debido a la reforma al artículo 125 párrafos séptimo fracción IV y VIII de la Constitución Política de Tamaulipas. Una parte establece el mecanismo de elección para todos los fiscales especializados, quienes deberán ser propuestos por el Fiscal general y aprobados con el voto de dos terceras partes del Congreso estatal.

Además, la redacción aprobada para la fracción cuarta es: “El Fiscal General podrá ser removido por el titular del Ejecutivo únicamente por las causas graves que establezca la ley. La remoción deberá ser aprobada dentro del plazo de diez días por el voto de al menos dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado. En caso de negativa o vencido el plazo, el Fiscal General permanecerá en el cargo y no podrá ser removido por los mismos hechos que originaron el procedimiento”.

Va por reducción de sueldos gubernamentales

Villarreal Anaya adelantó que una de las primeras acciones de su posible gobierno será la reducción de los salarios, para que nadie gane más que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como lo marca la reforma constitucional del artículo 127.

“No es posible que el presidente de la República, por ejemplo gane $110,000 pesos al mes y el gobernador del estado gane $163,000 pesos, entonces yo creo que hay que tener una alineación en el grado de responsabilidad en esa función pública y de la respuesta y beneficio que se le da a la ciudadanía y la austeridad no nada más es en relación del salario, si no es la optimización de estos recursos”, comentó.

El candidato de la alianza Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aseguró que no habrá impunidad para funcionarios del actual gobierno estatal, en el caso de comprobarse malos manejos en los recursos públicos.

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