La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ha iniciado 21 procedimientos administrativos contra nueve funcionarios y exfuncionarios de la dependencia, entre ellos seis fiscales y tres policías investigadores. Las investigaciones se centran en omisiones y negligencias en la integración de carpetas de investigación relacionadas con delitos de alto impacto, como secuestro y desaparición forzada, cometidas entre 2017 y 2023 en municipios como Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico.
Alma Cecilia Ordoñez Muñoz, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en Reynosa, enfrenta múltiples procedimientos por no formular acusación tras el cierre de la investigación complementaria en la carpeta 105/2017, ausencias injustificadas en 2021 y omisiones en la carpeta 97/2019, como no recabar datos de la víctima ni solicitar muestras de ADN a los familiares.
Edwing Staling Aceves García, fiscal especializado en desaparición forzada en Nuevo Laredo, es señalado por no aplicar medios de apremio cuando sus solicitudes no fueron atendidas, no solicitar informes sobre personas desaparecidas en diversas instituciones y no recabar huellas dactilares ni muestras de ADN de los familiares.
Fidel Rangel Sánchez, suboficial de la Policía Investigadora adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, enfrenta procedimientos por ausentarse sin justificación, no entregar armamento y equipo asignado, y mal uso del equipo oficial.
José Manuel Esquivel Cantú, agente del Ministerio Público en Reynosa, es investigado por no solicitar el complemento de una investigación, no presentar a una víctima menor de edad ni solicitar dictamen médico de lesiones, además de inactividad en la carpeta por más de tres meses.
Juan Antonio Fonseca Peña, agente del Ministerio Público en Reynosa, no inició una carpeta de investigación que le fue enviada en abril de 2021.
Pedro Adolfo Rodríguez, agente del Ministerio Público en Ciudad Victoria, fue omiso en requerir el cumplimiento de una orden de investigación solicitada en diciembre de 2017.
Guadalupe del Carmen Pérez Hernández, auxiliar profesional en la Unidad de Investigación 4 de Victoria, no vigiló la actuación del actuario ministerial, incumpliendo con los lineamientos legales.
Brenda Elizabeth Escamilla, agente de la Policía Investigadora, rindió un informe de investigación deficiente en febrero de 2022, sin explorar todas las líneas de investigación.
Carlos Alberto Sánchez, inspector de la Policía Estatal Investigadora en Reynosa, no ejecutó mandamientos ministeriales girados por el agente del Ministerio Público en 2017.
La Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ubicada en Avenida José Sulaimán Chagnón #641, entronque con Libramiento Naciones Unidas, Código Postal 87039, edificio “B” en Ciudad Victoria, es la encargada de llevar a cabo estos procedimientos.
Estos casos reflejan una preocupante falta de diligencia en la procuración de justicia en Tamaulipas, afectando gravemente los derechos de las víctimas y sus familias. La sociedad exige transparencia y responsabilidad en el actuar de las autoridades encargadas de investigar y sancionar estos delitos.
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