Las familias de los integrantes del grupo musical Fugitivo, reportados como desaparecidos y presuntamente asesinados en Reynosa, solicitarán formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso, ante lo que consideran irregularidades graves cometidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).
La decisión fue acompañada por la Red de Acompañamiento Victimológico de Victoria, organización que confirmó que las familias viajarán a la Ciudad de México para entregar en persona una petición formal a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR.
“Tuvimos contacto con representantes de esa área, quienes nos señalaron que podrían revisar el expediente y valorar la atracción del caso”, informó la Red a través de un comunicado.
La molestia de las familias se intensificó tras enterarse por medios de comunicación que los restos calcinados encontrados en una ladrillera en Reynosa presuntamente pertenecían a los músicos, sin que se hubieran realizado previamente pruebas de ADN.
“Las familias están desconfiadas, luego que, a cuatro días de la desaparición de los integrantes del grupo musical, las autoridades señalaron que los restos calcinados encontrados en la ladrillera pertenecían a los músicos, sin antes tomar pruebas de ADN”, declararon voceros de la Red.
Detenciones bajo investigación: familias denuncian abuso de autoridad
Mientras tanto, los familiares de los nueve hombres detenidos por el caso han emprendido una lucha paralela: aseguran que sus seres queridos son inocentes y que fueron detenidos de manera arbitraria y violenta por fuerzas de seguridad estatales.
Desde el pasado 29 de mayo, los familiares han realizado manifestaciones y bloqueos en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo para exigir la liberación de los acusados, entre ellos trabajadores y vecinos de la ladrillera donde fueron encontrados los cuerpos.
Alfredo Barajas Tovar, de 60 años y dueño del lugar, así como Juan Carlos Saucedo Martínez y Fernando Hernández, trabajadores de la ladrillera, fueron detenidos en la madrugada del 29 de mayo tras ser sacados de sus domicilios.
Uno de los casos más conmovedores es el de Andrés Ventura, conductor de taxi por aplicación. Su madre, Natividad Alegría, denunció públicamente que elementos armados irrumpieron violentamente en su casa mientras él dormía con su esposa embarazada.
“Rompieron todo dentro del domicilio y lo golpearon a él y a su mujer embarazada, a quien amenazaron para que no dijera nada; mientras a Andrés se lo llevaron, sin que hasta el momento tenga noticias de él”, denunció Natividad.
Relató que fue a través de redes sociales que se enteró de la acusación contra su hijo.
“Nos enteramos a través de una fotografía en redes sociales, que a su hijo y a otras personas se les acusó de la muerte de los músicos; en la foto aparecen junto a elementos del Ejército Mexicano”, detalló.
La versión oficial: privación de la libertad y ejecución
El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, en conferencia de prensa realizada el 29 de mayo, informó sobre la detención de nueve personas presuntamente involucradas en el secuestro y homicidio de los integrantes del grupo Fugitivo.
Según las primeras indagatorias, los músicos fueron privados de la libertad la noche del domingo 25 de mayo, cuando se trasladaban en una camioneta GMC negra a un evento privado en la colonia Riveras del Río, en Reynosa.
Mediante el análisis de imágenes del C5 y datos de geolocalización, se estableció que fueron llevados a un predio en la colonia Aquiles Serdán, donde habrían sido asesinados a balazos y posteriormente calcinados.
Exigen verdad y justicia
El caso ha generado una profunda indignación social, no solo por la violencia de los hechos, sino por las dudas que persisten sobre la actuación de las autoridades estatales.
Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han manifestado su respaldo a las familias, tanto de las víctimas como de los detenidos, y piden que el caso sea revisado por instancias federales con imparcialidad y rigor científico.
Mientras tanto, el dolor de las familias —de quienes han sido asesinados y de quienes ahora están privados de su libertad— crece entre la desconfianza, el miedo y la exigencia de justicia.
“Lo único que queremos es la verdad. Si alguien es culpable, que pague, pero que no agarren inocentes para cerrar el caso rápido. Queremos justicia, no simulación”, expresó una de las madres en protesta.
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