Redacción EB
Tras 21 meses en prisión, Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario señalado como presunto prestanombres del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, fue liberado del penal del Altiplano.
El dueño de las compañías Inmobiliaria RC Tamaulipas S.A. de C.V. y Barca de Reynosa S.A. de C.V., quedó libre ayer por la noche. Sus colaboradores lo recibieron para trasladarlo a un domicilio en México.
El empresario constructor fue detenido el jueves 1 de julio de 2021 en McAllen, Texas, y entregado a los elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) por agentes de Estados Unidos en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa.
Reséndez Cantú es señalado como uno de los 2 operadores financieros de la familia Cabeza de Vaca. Por ello, se le imputaron los ilícitos de lavado de dinero y delincuencia organizada vinculados a la supuesta simulación de la venta de un departamento de Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, por 42,100,000 pesos.
El caso indagado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apuntó al presunto hecho de que el gobierno de Tamaulipas adjudicó 3 contratos de obra pública por 56,400,000 pesos a las constructoras Inmobiliaria RC Tamaulipas S.A. de C.V. y Barca de Reynosa S.A. de C.V., propiedad del empresario reynosense.
En marzo y abril de 2018, el constructor transfirió 33,500,000 pesos al también empresario y presunto prestanombres, Juan Francisco Támez Arellano, una operación que Reséndez dijo en su momento que corresponde al pago de una compra venta inmobiliaria.
En 2019, la empresa T Seis Doce S.A. de C.V., de la que Támez Arellano es accionista mayoritario y representante legal, compró en 42,113,844 pesos el departamento que el Gobernador había adquirido seis años antes en Bosques de Santa Fe.
En febrero de 2022, el juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, amparó al empresario Juan Francisco Tamez Arellano, presunto operador financiero de Francisco García. La sentencia determinó que no había datos que comprobaran los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero imputados al propietario de la empresa T Seis Doce.
La orden de captura otorgada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Iván Zeferín Hernández, a la Fiscalía General de la República (FGR) quedó sin efecto.
Los agentes del Ministerio Público federal señalan que T Seis Doce es una empresa “facturera”. El juez Gutiérrez Pérez determinó que no hay pruebas que acrediten esos señalamientos, debido a que la FGR no acudió al domicilio fiscal para comprobar la existencia de la compañía.
Además, la FGR no entregó la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el nombre de T Seis Doce.
