Redacción EB
Ante el brote de violencia en la frontera norte a partir del inicio del gobierno estatal de Morena en Tamaulipas, el gobierno federal no se ha andado por las ramas. En 3 semanas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió 820 soldados para que realicen labores de seguridad en el sur, centro y norte.
Antes de que Américo Villarreal Anaya tomara posesión de la gubernatura de Tamaulipas, la cúpula militar dejó ver el nivel de interés que tiene en el estado. El primer golpe en la mesa fue la caída de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien ya había sido presentado como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). A 2 días de comenzar el gobierno, el general retirado, Sergio Hernando Chávez García, llegó a la capital para tomar las riendas del tema que más preocupa a la población y los gobernantes.
Tres días después, el gobierno de México reiteró que buscaría evitar que Tamaulipas viviera un recrudecimiento de la violencia, como lo tuvo Zacatecas, a la llegada de Morena. En 3 días arribaron 620 elementos de la Sedena a Tamaulipas, que fueron distribuidos entre las zonas circundantes a Ciudad Victoria y Tampico.
Este domingo, tras la privación de la libertad y la liberación del alcalde de Guerrero, Coahuila, junto con su familia y colaboradores, el general Luis Cresencio Sandoval determinó que un nuevo vuelo militar con 200 elementos de las Fuerzas Especiales aterrizara en Nuevo Laredo.
Las fuerzas de seguridad en Tamaulipas suman 400 efectivos de la Guardia Nacional (GN), 3,815 militares y 4,684 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La 48/a. zona del Ejercito Mexicano informó que las tareas encomendadas se apegan a la estrategia del “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024” y con énfasis en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Control de Explosivos.
El secretario Chávez García informó que continúan operando las Estaciones Tam y el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes).
La semana pasada, la violencia en la región Ribereña tomó un matiz extremo, con la exhibición de cadáveres en espacios públicos y mensajes firmados por los cárteles del Golfo (CDG) y del Noreste (CDN), quienes se pelean el control del territorio, y advierten al Ejército mexicano que no intervenga en el conflicto.
