Lucero Méndez / Animal Político
El gobierno federal presentó un plan para contener el incremento de precios, que tiene a la inflación en su nivel más alto de las dos últimas dos décadas (más de 7% anual), resintiendo aún los estragos de la pandemia de COVID-19 y los efectos económicos de la invasión rusa a Ucrania.
Con los alimentos siendo el principal elemento de preocupación, ya que por ejemplo la tortilla cuesta hasta 17% más que el año pasado, el plan consta de 16 puntos, centrados en las etapas de producción, distribución y comercio exterior, así como en 24 productos de la canasta básica, como el limón, la papa, el atún en lata, el pollo y la zanahoria.
Entre otros elementos, contempla medidas como eliminar al menos durante seis meses los aranceles para la importación de 21 productos de dicha canasta; ampliar de cinco a nueve estados la entrega gratuita de fertilizantes, aumentar la producción de granos con el programa Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, y la promesa de no elevar los peajes de carreteras que están a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Consultados, especialistas nos explicaron que ciertos puntos del plan en realidad no son nuevos, como el de omitir el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina y dar un estímulo fiscal adicional.
Esta medida se ha implementado desde meses previos y en el primer trimestre tuvo un costo fiscal de 43 mil millones de pesos, lo que se sumaría al costo calculado de esta estrategia, de 1.4% del PIB, lo que genera preocupación entre analistas en cuanto a la presión a las finanzas públicas.
De acuerdo con los especialistas, otros puntos en el plan son cuestiones que deberían preservarse siempre, con o sin inflación alta, como garantizar la seguridad en carreteras para evitar robos de productos. Sin embargo, empresarios agradecieron que se haga énfasis en el problema, según reportes de prensa.
Varias de estas medidas, agregaron los analistas, no tendrán un resultado inmediato; por ejemplo, el aumento de producción de dos millones de toneladas de granos básicos, que busca reducir la dependencia al exterior pero requiere un periodo de cosecha, e incluso está sujeto a factores climáticos.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el plan no resuelve por sí solo el aumento de precios, aunque dijo que el gobierno no podía quedarse de brazos cruzados, y tenía que tomar medidas para intentar “mantener precios justos, que no se nos disparen los precios de los básicos, de los alimentos básicos”.
Será necesario hacer una evaluación constante del programa, mencionaron expertas y expertos consultados, que en general consideraron positivo que no se anunciara una fijación de precios “por decreto”, aunque criticaron que desde ahora no se incluya un apoyo focalizado de transferencias para el sector con menos recursos, que es el que más resiente desde hace meses el alto nivel de inflación.
Esto, considerando que 63 de cada 100 de los hogares más pobres en el país no reciben una ayuda o programa social, según las cifras del INEGI hasta 2020. También, que cuatro de cada 10 se encuentran en pobreza laboral, sin lo necesario para comprar lo básico.
“La omisión más grande es que no existe una política de contención a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares más pobres”, comentó Axel González Gómez, investigador de análisis económico de la organización México, ¿cómo vamos?, que propone implementar transferencias de aproximadamente mil 960 pesos para 10.8 millones de personas en pobreza extrema, de cara al aumento inflacionario.
Esa estrategia, explicó González Gómez, podría financiarse mediante una reasignación del presupuesto adicional que se asignó a la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Energía, con lo que se obtendrían aproximadamente más de 63 millones de pesos que permitirían solventar las necesidades de ese sector.
Desde la perspectiva de la economista Valeria Moy, en entrevista con Radio Fórmula, la medida de eliminación de aranceles o impuestos de importación está entre lo llamativo y novedoso del plan y sí puede incidir en algunos precios, aunque tampoco se tendría un impacto determinante para reducir la inflación.
Además, habría que estar atentos a la reacción de productores nacionales, para los que los aranceles han significado una protección.
“Si llevamos estos aranceles a cero, ¿cómo van a reaccionar los productores?, ¿cómo va a reaccionar el productor de frijol, el productor de papa, que les has dicho durante décadas ‘tu industria está protegida, yo te la cuido con estos aranceles’?”, cuestionó Moy.
Otros puntos clave en el plan y cuál se estima que sea su costo
El llamado Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) contempla también no incrementar las tarifas ferroviarias ni de interconexión, reducir los costos y el tiempo de despacho aduanal, agilizar el despacho de carga en puertos marítimos, y en cuanto a transporte de carga, la exención de la Carta Porte del SAT.
Otras medidas que se impulsarán son la constitución de una reserva estratégica de maíz, como medida de emergencia, y fortalecer el programa de abasto Diconsa/Liconsa.
“Ejidatarios y pequeños propietarios se beneficiarán con la compra por hasta 1 millón de toneladas de maíz por parte de Segalmex para la constitución de una reserva estratégica”, señaló el gobierno.
Según una estimación de Hacienda, las medidas de este plan tendrían un costo de 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB), que sería aproximadamente 367 mil millones de pesos, basados en las últimas estimaciones disponibles de 2021.
Aunado a esa cifra, en días previos la titular del SAT, Raquel Buenrostro, indicó que solo las medidas de controlar el precio de la gasolina tendrán un costo de entre 350 mil y 400 mil millones de pesos.
“Todos estos recursos se encontraban dispuestos en el presupuesto y es su correcto ejercicio y orientación lo que nos permite estar destinando alrededor 1.4% del PIB, sin que esto tenga un deterioro de las finanzas públicas. Con finanzas públicas sanas podemos buscar una inflación más controlada y favorecerla a partir del paquete que se anunció”, dijo Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, según el diario El Economista.
A qué se comprometieron Slim, Bimbo, Walmart
En la presentación del Pacic también estuvieron líderes empresariales, que se sumaron al acuerdo. Se informó, en ese sentido, sobre el compromiso de Telmex y Telcel de no aumentar el precio de sus servicios telefónicos y de internet.
Bimbo, en tanto, se comprometió a mantener sin aumento en los próximos seis meses el precio del pan blanco grande, “esto a pesar de que la situación internacional ha empujado al alza del precio de muchos insumos que nuestra empresa utiliza para producir alimentos”.
En el caso de tiendas como Walmart, Chedraui y Soriana, si bien se mencionó que se unen al acuerdo, no se detallaron sus compromisos, aunque en general la estrategia plantea que empresarios, productores y comerciantes “participen voluntariamente para estabilizar el precio de 24 productos de la canasta básica”.
Otras empresas mencionadas como parte del acuerdo fueron Kimberly Clark, Bachoco, Alpura, Maseca y H-E-B.
No se mencionó a pequeñas y medianas empresas
El Pacic presentado, criticaron especialistas, no establece parámetros de los precios actuales para productos de la canasta básica e insumos.
Además, aún no se tiene definida la lista completa de grandes empresas que se suman al Pacic, ni el alcance detallado de su compromiso. “No se definió el acuerdo que existe con estas empresas, sobre qué productos y cuál es el alcance del acuerdo. Se necesita transparencia para saber cuáles son estos acuerdos”, dijo González Gómez.
Saber el tipo de acuerdos que se establecieron con ellas es necesario para conocer el impacto que puede tener en las micro, pequeñas y medianas empresas, que no fueron mencionadas en la presentación.
Por ejemplo, si una comercializadora como Walmart o Soriana mantiene el precio de los 24 artículos de la canasta básica y también desea mantener sus utilidades, podría incrementar el precio de otros productos.
Las tiendas del barrio o pequeños negocios, en cambio, no cuentan con una variedad tan amplia de productos, y no podrían aplicar eso.
“Las grandes empresas siempre tienen mucho margen de maniobra. Esta estrategia está centrada en los precios del consumidor y como un medio para alcanzar el bien de los precios, no en sí mismo para proteger a los pequeños comerciantes y productores”, destacó Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Subsidio a la gasolina, con un costo fiscal alto
Carrillo calcula que con las medidas de no cobrar el IEPS y la aplicación de un “estímulo fiscal complementario” adicional se terminará teniendo un saldo negativo de 150 mil millones de pesos en las finanzas públicas, aunque el gobierno defiende que con esa medida se ha logrado frenar un mayor aumento de la inflación.
“No se va a compensar con los ingresos adicionales por el petróleo porque la plataforma petrolera está 12% por debajo de la que este año se esperaba tener, y a Petróleos Mexicanos le cobran menos impuestos, lo que incrementa el costo fiscal al erario”, explicó el especialista.
“Mientras los precios internacionales no bajen, Pemex no incremente su producción y sus impuestos sigan bajos el boquete se hará más grande y se requerirá más tiempo para que las finanzas públicas se recuperen”, alertó Carrillo.
