Carlos Manuel Juárez
Nuevo Laredo se convirtió en el municipio con más personas desaparecidas y no localizadas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, de acuerdo con el reporte nacional de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Del 1 de octubre de 2016 al domingo 21 de noviembre, familias han reportado la desaparición de 958 personas; 76% son hombres y 23% son mujeres. Los años con mayor incidencia son 2017, 2018 y 2019, refiere el informe pormenorizado con información de la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de Búsqueda, ambas de Tamaulipas.
Justo en Nuevo Laredo, mañana martes 23 de noviembre, se realizará la reunión entre el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), colectivos de búsqueda, asociaciones y autoridades estatales. Los relatores escucharán los casos de este municipio y otros del estado.
Desde su campaña en 2016, el panista Francisco García Cabeza de Vaca se comprometió a atender, buscar y encontrar a las personas desaparecidas. Sin embargo, los informes muestran un agravamiento de la crisis a pesar del reforzamiento de las capacidades institucionales anunciadas por el mandatario.
Las desapariciones ocurridas en el periodo cabecista suman 3,858 víctimas, de los cuales 3,736 fueron desaparecidas. En ese mismo tiempo fueron encontradas 2,057 hombres y mujeres, el 90% con vida y
191 personas fueron localizadas sin vida.
En el registro histórico estatal, grupos armados legales e ilegales han desaparecido a 11,807 personas; 2,305 en Reynosa, 2,295 en Matamoros, 2,261 en Nuevo Laredo y de acuerdo con el registro nacional de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Operativos inútiles
Hasta 2016, Matamoros fue el municipio con más víctimas de desaparición en Tamaulipas, que ascendían a aproximadamente 7,000 personas denunciadas. Empero, al arranque del primer gobierno no priista la situación viró hacia la localidad más importante para el comercio exterior del país: Nuevo Laredo.
A principios de 2017, la estrategia de seguridad se centró en territorio nuevolaredense con el envío de más de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, en respuesta por el asesinato de personal de la entonces Procuraduría General de Justicia. En esos mismos días, el delegado del Cisen, coordinador de PF y 4 policías murieron en una volcadura rumbo a la frontera laredense.
La presencia policiaca estatal más la participación de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México enfrentado al Cartel del Noreste, grupo delincuencia que controla la zona, no sirvió para proteger a la población, refieren los datos duros oficiales.
En el primer año del gobierno panista, se denunciaron, por lo menos, 226 desapariciones, que significó un aumento del 25% respecto al año anterior (2016). Para el segundo año (2018) la crisis tuvo su pico con 302 personas desaparecidas, dentro de estas denuncias se encuentran las 48 personas privadas de su libertad por marinos que no han sido localizadas. Por estos casos, fueron detenidos 30 elementos y el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública, aunque en fechas recientes 12 quedaron libres por un amparo.
A diferencia de otras localidades del estado, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó y denunció decenas de desapariciones, donde los presuntos responsables son soldados, marinos y policías estatales.
Para 2019, las autoridades estatales reportaron menos incidencia, aunque la tendencia de los dos años posteriores se mantuvo, con 197 personas desaparecidas. La presión de las familias de víctimas y organismos internacionales como la ONU al gobierno de Tamaulipas incidió para que en 2020 y 2021 bajara el delito, con 104 y 101, respectivamente.
Desapariciones en la carretera
La gravedad de las desapariciones en Nuevo Laredo se mantuvo en la sombra durante casi 5 años, hasta que el 13 de junio de 2021 desapareció Gladys Cristina Pérez Sánchez, de 39 años, y sus hijos Juan Carlos González, de 16, y Michelle Cristina Durán, de 9, cuando circulaban por la carretera Monterrey – Nuevo Laredo, con destino a Laredo, Texas.
A partir de esa fecha, decenas de familias de Nuevo León, Tlaxcala, Hidalgo, Estados Unidos, entre otros sitios, protestaron por una búsqueda real, seguridad y justicia. El colectivo Todos somos uno ha documentado 164 casos y continúa solicitando una reunión con el gobernador Cabeza de vaca.
Aunque no hay un solo perfil de las víctimas, un parte son operadores de transporte pesado. Por ello, Greta Martínez, quien busca a Alfredo desde el 17 de enero de 2020, fundó el grupo Operadores desaparecidos en Nuevo Laredo Tamaulipas.
El 1 de julio, la Comisión Estatal de Búsqueda encontró credenciales de lector, teléfonos celulares, prendas completas, cinta metálica, entre otros objetos, en un predio de gran extensión. Por los indicios observados, la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, declaró públicamente que se trataría de un centro de exterminio de cadáveres.
Fiscal de desaparecidos en Nuevo Laredo omiso
Quien estuvo a cargo de recibir e investigar la desaparición de las 958 personas fue el agente de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada en Nuevo Laredo, Edwin Staling Aceves García, quien renunció a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas.
Tras la exigencia de encontrar a decenas de personas que fueron desaparecidas en la carretera Monterrey – Nuevo Laredo, la fiscal estatal, Elizabeth Almanza Ávalos, ofreció a Aceves García trasladarlo a la delegación de Tampico para bajar las críticas, sin embargo, éste renunció.
Edwin Staling Aceves García se desempeñó como agente del Ministerio Público, por lo menos, desde 2016, como muestran documentos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas que fueron consultados por Elefante Blanco.
Las carpetas de los casos sucedidos en la vía federal se trasladaron a Ciudad Victoria para que la oficina central de la fiscalía las procesara. Elefante Blanco solicitó una versión a la FGJ sobre la renuncia o alguna investigación contra Edwin Staling Aceves, sin embargo no obtuvo respuesta.
Desapariciones y exterminio
Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas han documentado la existencia de, por lo menos, 57 campos de exterminio en donde los grupos criminales asesinaron a personas, incineraron sus cuerpos, destruyeron y ocultaron fragmentos óseos. Sitios en donde, además, enterraron cadáveres en fosas clandestinas.
En el suroeste tamaulipeco, los colectivos han identificado 53 sitios en los municipios de Mante, Xicoténcatl, Llera de Canales, Gómez Farías y Ocampo; en el centro de la entidad, uno de gran tamaño en la localidad de Abasolo y dos en Victoria, y en la frontera con Estados Unidos, uno en Matamoros. Las autoridades federales y estatales han intervenido, en forma parcial, con búsquedas o levantamientos de restos en 56 de esos lugares.
