Carlos Manuel Juárez
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, repetirá su función de instructor en la segunda controversia constitucional por el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con el listado de notificaciones, la nueva controversia está registrada bajo el número 70/2021. El Congreso tamaulipeco acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez de Distrito Especializado en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, de violar derechos por solicitar y conceder una orden de aprehensión.
El viernes pasado, se presentó el documento, firmado por el presidente de la Mesa Directiva, Félix Fernando García Aguiar, donde argumentan que la orden de detención afecta la esfera constitucional del Poder Legislativo local, pues no se ajusta al dictamen de no homologación del juicio de declaración de procedencia emitido por la Cámara de Diputados.
“La orden de aprehensión de referencia afecta la esfera constitucional del Congreso y contraviene a la Constitución Política Mexicana, respecto a la resolución que con base en el párrafo quinto del artículo 111 Constitucional se emitió el pasado 30 de abril por un ministro de la SCJN”, expone el legislativo.
El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de García Cabeza de Vaca por el delito de evasión fiscal equiparada. En respuesta, la LXIV Legislatura local decidió mantenerlo en el cargo y por consiguiente con fuero. Al mismo tiempo, el legislativo local interpuso la primera controversia, numerada, misma que desechada el 14 mayo por el ministro instructor González Alcántara Carrancá. “Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas”, determina el acuerdo de la controversia 50/2021.
Esta decisión generó dudas y división de opiniones legales sobre la situación legal de Cabeza de Vaca. De acuerdo con el académico del CIDE, Javier Martín Reyes, el artículo 111 de la Constitución establece que es un procedimiento ‘con dos etapas’, una en la Cámara de Diputados y otra en Congreso local, en este caso el de Tamaulipas.
El artículo 111 de la Constitución indica que para proceder legalmente contra un gobernador se seguirá el mismo proceso que con funcionarios federales, “pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
La Cámara de Diputados sí hizo la declaratoria correspondiente con la mayoría que pide la Constitución, pero el Congreso local decidió no homologar la declaratoria de procedencia, así que Cabeza de Vaca tiene fuero, explica Martín Reyes en entrevista con Animal Político.
Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide con la visión de la secretaria de Gobernación, pues afirma que el orden jurídico federal no debe estar supeditado a la decisión de un estado.
Que mantenga el fuero “querría decir que Tamaulipas es una república independiente del país y que las disposiciones federales no funcionan o no prevalecen o no están vigentes en el estado”, acusa.
Ante la espera de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador tamaulipeco asegura a través de publicaciones en redes sociales, que se encuentra en Casa Tamaulipas, ubicada en Ciudad Victoria. Desde el pasado viernes se ha visto ingresar a las secretarias y los secretarios de gabinete para reuniones con el jefe del Poder Ejecutivo estatal.
