Victoria, Tamaulipas.- Miguel Ángel Armendáriz Peña, exsecretario del Ayuntamiento de San Fernando y quien actualmente se desempeña como abogado defensor, se presentó este jueves en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para atender una primera audiencia relacionada con los procedimientos de fiscalización de la administración municipal.
Al término de la diligencia, fue cuestionado por representantes de los medios de comunicación, sin detener su paso, evitó abordar el tema y argumentó que tenía prisa para retirarse del lugar.
Hasta ahora no se tiene registro de que hayan comparecido los exsíndicos, la excontralora ni la exalcaldesa Maybella Ramírez Saldívar, también requeridos.
El procedimiento está relacionado con las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos durante las administraciones municipales de San Fernando, particularmente por las observaciones que arrastra la Cuenta Pública 2024.
Maybella Ramírez debe aclarar el destino de 229 millones 409 mil pesos observados al Ayuntamiento durante ese ejercicio fiscal, cuando encabezaba el gobierno municipal panista de enero a septiembre.
A esa cantidad se suman 147 millones 497 mil pesos observados a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) y otros 2 millones 952 mil pesos al Sistema DIF municipal.
En conjunto, las observaciones ascienden a 379 millones 860 mil pesos, una cantidad que podría derivar en responsabilidades y daños patrimoniales si no se solventan las irregularidades y así lo determinan las autoridades competentes.
En octubre pasado, personal de la ASE acudió al domicilio de la exalcaldesa y de otros exfuncionarios para notificarles procedimientos relacionados con observaciones de las cuentas públicas de 2021 y 2024.
Sobre el procedimiento correspondiente a la Cuenta Pública 2023, establece que el expediente será turnado al Tribunal de Justicia Administrativa en un plazo no mayor a tres días, instancia que deberá determinar las sanciones por las faltas graves atribuidas a los funcionarios involucrados.
Este procedimiento corresponde a un ejercicio distinto de las observaciones de 2024, cuyo monto conjunto alcanza casi 380 millones de pesos y que representa otro frente para los exintegrantes de la administración de Maybella Ramírez.
El caso también tiene repercusiones en la disputa política del PAN en San Fernando, donde la exalcaldesa busca regresar al cargo en 2027, mientras la diputada local Marina Ramírez ha exigido que se aclaren las observaciones.
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