Victoria, Tamaulipas.- Las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024 dejaron al descubierto un amplio volumen de observaciones financieras que supera los 14 mil 414 millones de pesos, de acuerdo con el informe anual presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que identificó inconsistencias en organismos descentralizados, ayuntamientos y dependencias sujetas a revisión.
El mayor monto detectado se encuentra en los organismos operadores de agua potable, que acumulan observaciones por 11 mil 301 millones de pesos. Entre ellos destaca la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, correspondiente a la administración encabezada por Mario López, donde fueron señaladas irregularidades por más de 7 mil 160 millones de pesos.
Los resultados de la fiscalización evidencian problemas persistentes en entes encargados de servicios esenciales, particularmente aquellos relacionados con el suministro de agua y saneamiento, sectores que durante años han enfrentado cuestionamientos por su situación financiera, rezagos operativos y falta de transparencia.
En el ámbito municipal, el órgano fiscalizador reportó observaciones por 2 mil 703 millones de pesos.
De los 93 ayuntamientos evaluados, únicamente 11 alcanzaron niveles satisfactorios de cumplimiento, mientras que la gran mayoría presentó incumplimientos o deficiencias en distintos rubros administrativos y financieros.
Los municipios con los montos más elevados observados corresponden a Tampico, durante la gestión de Jesús Nader; Matamoros, encabezado por Mario López; Ciudad Madero, bajo la administración de Adrián Oseguera; y San Fernando, gobernado por Maybella Ramírez Saldívar.
El auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, afirmó que el proceso de revisión busca dejar atrás esquemas donde las observaciones terminaban archivadas sin consecuencias.
Señaló que la fiscalización debe traducirse en acciones concretas para combatir prácticas irregulares dentro del servicio público.
Entre las anomalías detectadas figuran errores contables, diferencias en registros presupuestales, inconsistencias en balances financieros y fallas administrativas asociadas, en algunos casos, a los cambios de gobierno y procesos de entrega-recepción.
El informe también refleja un incremento en las acciones jurídicas derivadas de las auditorías.
Durante 2024 y lo que va de 2025, la ASE promovió 49 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cifra que supera ampliamente las presentadas en el periodo comprendido entre 2016 y principios de 2024.
De igual forma, aumentaron los procedimientos por presuntas faltas administrativas graves turnados al Tribunal de Justicia Administrativa, al pasar de seis a 21 expedientes en tan solo un año.
Noriega Orozco sostuvo que las irregularidades administrativas pueden generar afectaciones directas al patrimonio público, por lo que insistió en la necesidad de que las observaciones tengan seguimiento legal cuando así lo ameriten.
Como parte de la estrategia de vigilancia, la Auditoría Superior realizó además 37 auditorías de desempeño para medir no sólo el ejercicio del gasto, sino también la efectividad de los programas gubernamentales.
Derivado de estas revisiones fueron emitidas 836 recomendaciones orientadas a fortalecer controles internos, ampliar coberturas, mejorar la operación institucional y evaluar resultados.
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