Victoria, Tamaulipas.- Las sanciones que puedan recibir exfuncionarios de la anterior administración estatal podrían convertirse en un obstáculo para quienes pretendan aparecer en las boletas de 2027, particularmente si los procedimientos abiertos en su contra terminan en inhabilitaciones.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) tiene actualmente 102 expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por presuntas faltas graves, mientras que ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción existen 47 denuncias.
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la SABG, reveló que nueve de cada 10 asuntos que han sido canalizados a esas instancias corresponden a servidores públicos de la administración estatal anterior.
La razón de que la mayoría de los expedientes estén relacionados con ese periodo tiene que ver, entre otros factores, con los tiempos legales para ejercer acciones, ya que algunos asuntos se acercan a los plazos de prescripción.
“Es importante tener presente que, por ejemplo, un expediente tiene un periodo de prescripción, de ahí que el 90 por ciento de los temas que se han turnado a las instancias son de la administración anterior”, apuntó Pedraza Melo.
Ahora será el Tribunal el que determine la responsabilidad y la consecuencia correspondiente en los expedientes considerados como faltas graves.
Entre las posibilidades están sanciones económicas, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones.
“La ley les marca que tienen varios tipos de sanciones que pueden aplicar, la inhabilitación es una, pero también pueden imponer sanciones económicas u otras que les establece la ley”, citó.
La funcionaria aclaró que la Secretaría también puede imponer diferentes castigos, pero cuando se trata de inhabilitación el límite para esa dependencia es de un año.
El TJA, en cambio, puede determinar periodos mayores y establecer otras sanciones, dependiendo de lo que encuentre en cada caso y después de garantizar el debido proceso. Las 47 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción continúan en etapa de investigación, involucrando tanto a exservidores públicos como a funcionarios que todavía se encuentran en activo.
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