Victoria, Tamaulipas.— El Gobierno de Tamaulipas analiza concesionar servicios del nuevo penal de Victoria a particulares para financiar su terminación, después de casi 17 años de una construcción marcada por falta de recursos y proyectos de reactivación que no han permitido ponerlo en funcionamiento.
El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que el esquema podría incluir mantenimiento, alimentación, talleres y vestido. La Secretaría de Seguridad Pública conservaría la vigilancia, custodia y control penitenciario.
La alternativa es una Asociación Público-Privada, todavía en revisión. “El esquema financiero lo van a volver a presentar”, explicó el funcionario, luego de que Obras Públicas formuló observaciones a la propuesta inicial.
El planteamiento deberá pasar por la evaluación técnica de esa dependencia, la revisión económica de Finanzas y la validación de la Consejería Jurídica. Cepeda estimó que terminar las instalaciones requeriría entre 16 y 18 meses después del reinicio de los trabajos.
La construcción comenzó en 2009, durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores, sobre la salida hacia El Mante, al sur de la capital. Uno de sus objetivos era trasladar a la población penitenciaria de Tamatán a instalaciones fuera de la zona urbana, con mejores condiciones de seguridad y reinserción.
Sin embargo, desde julio de 2010 se reportó la suspensión de la segunda etapa por falta de recursos. Para entonces se habían levantado bardas, algunos edificios y espacios deportivos, pero seguían pendientes las siguientes fases del complejo.
La insuficiencia presupuestal continuó durante la administración de Egidio Torre Cantú. En enero de 2012, el entonces secretario de Obras Públicas, Manuel Rodríguez Morales, reconoció que se habían invertido alrededor de 280 millones de pesos y faltaban 640 millones para concluirlo, sin que esa cantidad estuviera disponible en el presupuesto.
“Los recursos para esta obra nunca han estado etiquetados”, declaró Rodríguez Morales. La continuación dependía de conseguir aportaciones federales.
El proyecto volvió a anunciarse durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. En 2019, la entonces secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto López, situó su posible terminación a finales de 2021.
“Estamos hablando que para finales del 2021 estaría siendo terminada”, sostuvo entonces. El plazo transcurrió sin que el nuevo centro entrara en operación.
En marzo de 2022, la explicación oficial cambió: aunque se había actualizado el proyecto ejecutivo, se consideró que la inversión no se justificaba ante el traslado de internos federales a otros establecimientos, lo que permitiría aprovechar los penales existentes para la población del fuero común.
Ahora, la administración de Américo Villarreal Anaya busca retomar la obra mediante participación privada. El monto definitivo dependerá del alcance del proyecto y del modelo financiero que resulte autorizado.
En marzo de 2026, Cepeda había advertido: “Si se llega a incorporar un área para reos federales, la inversión podría superar los 4 mil millones de pesos”. Esa estimación estaba condicionada a incluir instalaciones federales y no representa un presupuesto definitivo aprobado para la propuesta actual.
Los montos anunciados en distintos años corresponden a etapas y alcances diferentes. Por ello, no permiten calcular por sí solos cuánto se ha encarecido la misma obra.
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