Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El asesinato de la ciudadana española, María del Pilar Garrido Santamans, fue mal juzgado por la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, determinó el Poder Judicial de la Federación (PJF).
El caso se vuelve a abrir nueve años después de que la joven madre fue encontrada sin vida en un predio baldío en el municipio de Villa de Casas. Ahora, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito concedió el amparo directo a Jorge Fernández, su viudo que fue sentenciado por feminicidio.
Pilar Garrido Santamans fue reportada privada de la libertad el 2 de julio de 2017. Su esposo Jorge Fernández denunció que al regresar de un día de playa en Soto la Marina, hombres armados les cerraron el paso en la carretera, bajaron a la mujer y se fueron. Él manejó hasta Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, para denunciar.
Las autoridades buscaron con drones y recorridos por territorio hasta que hallaron su cadáver el 26 de julio. A finales de agosto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, a cargo de Irving Barrios Mojica, detuvo a Jorge.
Desde la desaparición de Pilar, las familias Garrido Santamans, en España, y Fernández González, en México, han exigido justicia y verdad en la indagatoria por el asesinato. Esta es la tercera ocasión que un tribunal federal deja insubsistente la sentencia por el feminicidio.
Asesinatos y fallos cuestionados
El proceso judicial por el asesinato de Pilar Garrido ha dado varios vuelcos en nueve años. El primero ocurrió en diciembre de 2018, cuando la agente del Ministerio Público, Érika Dolores Granados, y el juez del caso, Abelardo Ibarra Torres, fueron asesinados mientras platicaban dentro de un vehículo.
Tras la reasignación de la investigación, los jueces Ignacio Zúñiga, José Antonio Rodríguez Grajeda y Ana Victoria Enríquez Martínez sentenciaron a Jorge «F» con una condena de 47 años de prisión. La resolución fue apelada por la familia del inculpado, pero los magistrados desestimaron los alegatos.
En 2021, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región revisó el fallo judicial contra Jorge “F” y ordenó dejarlo insubsistente. Elefante Blanco tuvo acceso al resolutivo hecho por magistrados federales, donde exhibieron las deficiencias e irregularidades del Poder Judicial y la Fiscalía tamaulipeca.
“Emplearon argumentos incongruentes con la forma de configurar la prueba circunstancial para condenar al quejoso; porque señaló que este último mostró un comportamiento obstruccionista durante las investigaciones”, determinaron los magistrados federales sobre el actuar de los jueces y magistrados estatales.
“Todas estas consideraciones evidencian la incongruencia en que incurrió la responsable (Sala Colegiada Penal de Tamaulipas) al estimar actualizada la prueba circunstancial para condenar al quejoso”, decidió el Tribunal federal, quien ordenó una nueva sentencia.
Empero, la Sala Colegiada se mantuvo firme confirmando dos veces la sentencia contra el viudo de Pilar Garrido Santamans. En 2022, el órgano judicial estaba integrado por la magistrada Gloria Elena Garza Jiménez, hoy presidenta del PAN en Tamaulipas; y los magistrados Javier Castro Ormaechea y Jorge Alejandro Durham Infante.
El error de la y los magistrados
En el nuevo resolutivo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito señaló que la Sala Colegiada Penal no respetó el Código de Procedimientos Penales.
La ponencia del magistrado Daniel Ricardo Flores López especificó que el artículo 378 del Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe expresamente incorporar como prueba, o utilizar bajo cualquier concepto, las declaraciones rendidas por el acusado previo al juicio cuando este decide no declarar.
En este caso, la Fiscalía de Tamaulipas integró el testimonio y todas las instancias del Poder Judicial de Tamaulipas dejaron pasar la anomalía.
La Sala Colegiada no observó que Jorge Fernandez no declaró en el juicio oral, lo que impidió que fuera tomada su versión de la privación ilegal de la libertad en la carretera de Soto la Marina a Victoria.
Ahora, el nuevo Poder Judicial de Tamaulipas, presidido por Tania Contreras López, deberá analizar y emitir una nueva sentencia, como ordenaron los magistrados federales.
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