Tampico, Tamaulipas.- El caso de la madre Gabriela Salazar Bujanos dio un vuelco más. Un juez vinculó a proceso al abogado Enio “A” y al actuario Marco Antonio “P” por asociación delictuosa para favorecer a Alejandro Ávila Limas en un juicio por la patria potestad de su hija.
El juez Sergio Arturo Arjona Moreno encontró pruebas suficientes para sustentar la acusación principal contra cuatro personas, entre ellas se suman los ciudadanos Mayrani “L” y José Israel “U”.
La Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de Tamaulipas participan en el proceso contra la red, que sospechan, ha afectado a más de ocho familias en el sur del estado.
De acuerdo con la investigación, el abogado Enio “A” y el actuario Marco Antonio “P” operaron una serie de acciones para encausar el juicio sobre la pérdida de la patria potestad a favor de Ávila Limas.
En la carpeta de investigación no aparece Israel López Labougle, abogado que representó a Alejandro Ávila en los cateos a sus propiedades y dio entrevistas a los medios de comunicación.
El uno de julio de 2025, Elefante Blanco dio a conocer el testimonio de Gabriela Salazar, quien denunció a Alejandro Ávila por una década de violencia y maltrato. La mujer interpuso dos denuncias ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas. El hombre, dentista de profesión, negó las acusaciones de su expareja.
El modus operandi de la red
La indagatoria expone que Enio “A” presentó varias demandas con datos erróneos intencionales. Al momento de que el Sistema de Gestión Judicial le arrojó el Juzgado Tercero de Primera instancia familiar en Altamira, éste aceptó. Aunado a ello, refirió un domicilio falso de Gabriela Salazar para impedir que fuera notificada. El arranque del caso sucedió el 4 de noviembre de 2024.
Ya con el juicio iniciado, Enio “A” acordó con los testigos José Israel “U” y Mayrani “L” las declaraciones con hechos falsos sobre Salazar Bujanos a pesar de hacerlas bajo protesta.
La carpeta de investigación apunta que Enio “A” y el actuario Marco Antonio “P” pactaron una notificación simulada a Gabriela Salazar realizada en un parque público el 18 de enero del 2025. Dicha acción derivó en el retiro de la custodia provisional de la menor, misma que se llevó a cabo sin la protección del DIF de Ciudad Madero.
Dictan medidas cautelares
Enio “A” enfrenta los delitos de abogados patronos y litigantes, y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad. El juzgador dictó la medida cautelar para que no pueda ejercer su profesión hasta que concluya el juicio.
José Israel “U” y Mayrani “L” son acusados de falsedad en declaraciones dadas a una autoridad. Ambas personas, se presume, laboran en el despacho que representa a Ávila Limas.
Marco Antonio “P” fue vinculado a proceso por asociación delictuosa, y delito cometido en desempeño de funciones judiciales. A partir de junio, el sujeto fue suspendido temporalmente y sin goce de sueldo del cargo público.
Sin embargo, el Segundo tribunal colegiado en materias penal y de trabajo concedió una suspensión para que Marco Antonio “P” reciba un porcentaje de su sueldo y mantenga los servicios médicos en beneficio de su familia.
El juez Arjona Moreno fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que vence a finales de agosto.
Jueza Roxana sigue suspendida
En octubre del 2025, el Tribunal de Disciplina Judicial suspendió temporalmente a la jueza Roxana Ibarra Canul por presuntas irregularidades en una resolución en agravio de los derechos de una menor de edad, durante un juicio en el Juzgado Tercero de lo familiar en Altamira.
De acuerdo con el órgano del Supremo Tribunal de Justicia del Estado “la suspensión concedida no implica la responsabilidad de la conducta de la juzgadora y el procedimiento administrativo se desarrollará conforme los establece el debido proceso”.
Ibarra Canul fue señalada por Gabriela Salazar y su defensa de otorgar la custodia provisional mediante actor irregulares. La Visitaduría Judicial realizó una visita con el fin de proteger los derechos de la menor involucrada y garantizar la legalidad del proceso. Las pruebas principales es que no se respetaron los protocolos con perspectiva de género y el interés superior de la infancia.
Roxana Ibarra Canul ganó en la elección judicial con 47 mil 854 votos; fue la tercera mujer más apoyada en los comicios del ramo familiar en Tamaulipas. Es egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cuenta con maestría en Impartición de Justicia por parte del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.
Ha fungido como secretaria de acuerdos en diversos juzgados, titular del Juzgado cuarto civil en Altamira, de acuerdo con información difundida por la Barra de Abogados del Golfo de Tamaulipas.
En el Congreso de Tamaulipas, la diputada Lucero Deosdady Martínez López solicitó indagar a la jueza Ibarra Canul, de quien, dijo, tiene seis quejas ciudadanas por irregularidades en procesos de custodia de menores.
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