Matamoros, Tamaulipas.- Una niña víctima de violencia sexual accedió a la interrupción de su embarazo en Tamaulipas, un procedimiento que las instituciones públicas de salud están obligadas a garantizar cuando la gestación es consecuencia de una violación.
El caso vuelve a colocar bajo la lupa la violencia sexual contra niñas y adolescentes y la respuesta que deben ofrecer las instituciones cuando una agresión deriva en un embarazo.
La Norma Oficial Mexicana NOM-046 establece criterios para la atención de víctimas de violencia familiar y sexual y permite la interrupción del embarazo cuando éste es producto de una violación, independientemente de que el aborto permanezca penalizado en la legislación local bajo otras circunstancias.
La propia Secretaría de Salud de Tamaulipas reconoce a la NOM-046 como parte de los mecanismos que deben aplicar los servicios médicos para atender casos de violencia sexual.
En estos casos, el acceso al procedimiento no depende de que exista previamente una sentencia contra el agresor.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha respaldado la aplicación de esta norma en todo el país y ha establecido que los servicios públicos de salud deben garantizar la interrupción del embarazo a las víctimas de violación. En el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud debe realizarse mediante su padre, madre o persona tutora.
La atención es particularmente relevante en embarazos infantiles, que especialistas y organizaciones defensoras de derechos reproductivos relacionan directamente con contextos de violencia sexual.
“Sí está criminalizado el aborto en Tamaulipas pero hay algunas causales que hacen que el aborto sea legal en todo el territorio nacional. Si es resultado de una violación o si corre peligro la vida de las personas gestantes, estas causales no son punibles”, explicó Alicia Cantú, integrante de Matamoros Decide y Colectiva Xolotl, en entrevista publicada por Elefante Blanco en marzo de 2026.
La NOM-046 establece además que una víctima de violación no necesita presentar previamente una denuncia penal para solicitar la interrupción del embarazo.
El procedimiento realizado a la niña ocurre en un estado donde el aborto continúa tipificado como delito fuera de las causales previstas legalmente.
En Tamaulipas existen actualmente seis unidades médicas que ofrecen Servicios de Aborto Seguro, de acuerdo con información recopilada por Elefante Blanco a partir del Observatorio de Aborto Seguro. Durante 2024, las instituciones de salud estatales registraron 2 mil 343 procedimientos relacionados con abortos espontáneos o inducidos.
La violencia sexual infantil, sin embargo, continúa siendo un problema que rebasa la atención médica posterior.
A nivel nacional, durante 2024 se registraron 221 mil 380 nacimientos entre niñas y adolescentes de 10 a 19 años. De ellos, 7 mil 968 correspondieron a menores de 15 años, de acuerdo con datos citados por especialistas en derechos reproductivos.
En Tamaulipas, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes mantiene programas específicos para prevenir y atender la violencia sexual contra menores de edad. En febrero de 2026 difundió una cartilla estatal para orientar sobre prevención, detección y respuesta ante este tipo de agresiones.
El caso de la niña atendida ahora muestra una de las consecuencias más graves de esa violencia: un embarazo infantil que obligó a activar los mecanismos médicos previstos para evitar que la víctima fuera forzada a continuar con la gestación.
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