Victoria, Tamaulipas.- El coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín Hernández, rechazó las versiones difundidas por Los Angeles Times y Puente News Collaborative sobre una presunta investigación criminal en Estados Unidos contra el gobernador Américo Villarreal Anaya.
En una publicación realizada en su cuenta de X, el funcionario calificó como falsas las afirmaciones contenidas en el reportaje y aseguró que no existe evidencia que respalde los señalamientos.
“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió Algarín Hernández.
El coordinador de Comunicación Social sostuvo que la publicación presenta acusaciones de gravedad sin aportar pruebas verificables.
“No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”, señaló.
Afirmó que los señalamientos están sustentados en rumores, versiones anónimas y especulaciones, por lo que rechazó que puedan considerarse hechos comprobados.
“Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”, agregó.
La postura del funcionario surgió luego de que Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, publicara un reportaje en el que señala que autoridades estadounidenses mantienen supuestas indagatorias contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. El texto atribuye la información a personas familiarizadas con los casos y sostiene que a ambos mandatarios se les habrían retirado las visas, aunque habrían ingresado a Estados Unidos mediante un permiso especial.
El reportaje sostiene, con base en fuentes anónimas, que las investigaciones estarían relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado. En el caso del mandatario tamaulipeco, la publicación refiere señalamientos sobre actividades ligadas al tráfico ilegal de combustibles. Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han hecho pública documentación oficial que confirme esas versiones.
El señalamiento forma parte de un contexto más amplio de investigaciones, restricciones migratorias y reportes sobre políticos mexicanos bajo revisión en Estados Unidos. En los últimos meses también han sido mencionados casos como el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien se le retiró la visa; además de exfuncionarios de Sinaloa señalados en investigaciones estadounidenses.
De acuerdo con reportes periodísticos, Estados Unidos ha intensificado el uso de cancelaciones de visa, restricciones migratorias e investigaciones financieras como parte de su estrategia contra presuntos vínculos entre actores políticos, redes de corrupción y organizaciones criminales en México. El propio gobierno estadounidense anunció en abril restricciones de visa contra 75 personas señaladas por nexos familiares o comerciales con el Cártel de Sinaloa.
En el caso de Tamaulipas, el Gobierno estatal sostuvo que no existe notificación oficial ni documento público que acredite una investigación criminal contra Villarreal Anaya. La respuesta oficial se centró en cuestionar que el reportaje se base en fuentes anónimas y no en expedientes judiciales, resoluciones o comunicaciones formales de autoridades estadounidenses.
Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de Estado de Estados Unidos han hecho pública una acusación formal contra el gobernador de Tamaulipas relacionada con los señalamientos difundidos.
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