Victoria, Tamaulipas.- El diputado presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, advirtió sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en Matamoros, durante la admistracion de Mario López Hernandez, al señalar que existen cuentas con posibles responsabilidades resarcitorias y administrativas que, superan los 300 millones de pesos.
Detalló que la cuenta número 2023 presenta un saldo negativo con una posible responsabilidad resarcitoria de 84 millones de pesos, además de una promoción de responsabilidad administrativa por 291 millones.
Indicó que estas observaciones también alcanzan a otras instancias, incluido el sistema DIF, donde, dijo, no se han solventado diversas anomalías.
“Esto indica un mal manejo del presupuesto de los matamorenses”, sostuvo el legislador, al enfatizar que dichas cuentas continúan sin ser aclaradas pese al tiempo transcurrido.
Sobre la posibilidad de que estas irregularidades deriven en sanciones penales, Prieto Herrera señaló que serán las autoridades correspondientes, como las instancias auditoras, quienes determinen el curso legal.
“Habrá que esperar a que se lleve todo el proceso institucional”, puntualizó.
El diputado también cuestionó las recientes declaraciones del actor político involucrado en estos señalamientos, al considerar que carecen de sustento y resultan contradictorias, incluso con su propia militancia partidista.
Afirmó que su comportamiento político reciente genera dudas, al recordar que en la jornada electoral habría respaldado a otra fuerza política.
En ese sentido, Prieto Herrera subrayó la importancia de reforzar la revisión de perfiles rumbo a futuros procesos electorales, a fin de evitar la postulación de personas con posibles antecedentes de irregularidades.
«Se deben analizar a fondo los perfiles, que no tengan ningún posible acto de corrupción”, indicó.
Respecto a posibles sanciones internas dentro de partidos políticos, señaló que los procedimientos deben seguir los cauces institucionales correspondientes y no basarse únicamente en declaraciones públicas.
Asimismo, descartó la necesidad de emitir exhortos desde el Congreso, al considerar que las denuncias deben presentarse ante las autoridades competentes.
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