Tampico, Tamaulipas.- Camilo Gustavo Ortiz González, de 42 años, padre de familia y técnico en reparación de equipos médicos, enfrenta desde hace seis años un proceso legal por la convivencia con su hijo, en un contexto que él identifica como violencia ejercida por su expareja, Blanca Estela Hernández Vázquez.
La pareja se conoció en 2014, cuando ella laboraba como enfermera en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tampico. Un año después contrajeron matrimonio por la vía civil y, en 2016, nació su hijo.
De acuerdo con el testimonio de Camilo, la relación se desarrolló sin conflictos mayores hasta su separación en 2020. A partir de ese momento, señala, comenzaron las dificultades para mantener la convivencia con el menor.
“Yo decido terminar la relación y tramitar el divorcio y yo me voy del domicilio. De ahí empezó todo esto, la obstrucción y la interferencia para poder yo convivir libremente con mi hijo”, menciona.
En entrevista para Elefante Blanco, Camilo cuenta las dificultades para acceder a la convivencia con su hijo.
Denuncias tras la separación
Tras la ruptura, en marzo de 2020, Camilo afirma haber sido agredido físicamente por su expareja, aunque no presentó denuncia. Posteriormente, fue denunciado por ella por violencia familiar, acusación que él niega.
Hasta el momento, según su versión, la carpeta de investigación no ha derivado en una resolución concluyente.
El padre también relató que, al regresar a su domicilio tras una ausencia, encontró que las cerraduras habían sido cambiadas. Al no existir una orden de restricción en su contra, pudo ingresar con apoyo de elementos de seguridad.
“Nunca se me ha comprobado nada concreto porque no hice nada”, señala.
Sin embargo, esos serían los primeros intentos de su expareja por prohibir la convivencia entre Camilo y su hijo.
Proceso legal por pensión y convivencia
En 2021, su expareja promovió una demanda por pensión alimenticia en el Juzgado Cuarto de lo Familiar bajo el expediente 1255/2021 donde la jueza Adriana Peréz Prado dictaminó un embargo del 30 por ciento a Camilo de sus ingresos.
Camilo sostiene que cumplía previamente con sus obligaciones económicas y que el proceso impactó en la dinámica de convivencia con su hijo.
“Por eso mi proceso ha sido bien difícil. Entró a Cecofam, me sacan. No me muestran pruebas, vuelvo a salir. Entonces, ese proceso ha sido desde todo este tiempo hasta esta fecha que me dieron la sentencia, la cual yo lo considero y lo veo con las pruebas que están pues que no fue lo correcto”, explica.
Señalamientos sobre la salud emocional del menor
Camilo notó actitudes extrañas en su hijo que lo orillaron a buscar ayuda psicológica para el menor, a quien veía los fines de semana. En diciembre de 2024, el padre decidió acudir con una especialista para evaluar el estado emocional de su hijo. A partir de los resultados, acudió ante autoridades ministeriales en Ciudad Madero y Tampico.
Según su testimonio, en ambas instancias enfrentó cuestionamientos sobre sus motivos para denunciar.
El 11 de diciembre de 2024, presentó una denuncia por violencia familiar en representación de su hijo.
Su hijo ingresa a casa hogar; él se niega
Tras intentar proteger a su hijo de la violencia que se vivía al interior del domicilio de la madre. El 9 de enero de 2025, el menor sería arrebatado de las manos de ambos tutores. Camilo sostiene que su expareja actuó con dolo.
La abogada Adriana Butrón, asesora legal de Blanca Hernández, decidió turnar el asunto al sistema DIF Tampico para definir la situación del menor. Camilo, a regañadientes, aceptó.
En el lugar se definió que el menor sería ingresado a casa hogar en lo que un juez decidía cuál era la vivienda más apta para que el menor se desarrollará. Camilo asegura que trataron a su hijo como un delincuente y que vulneraron sus derechos.
“Yo en ningún momento autoricé que encerraran a mi hijo porque eso lo considero un encierro. De repente nos percatamos que sale el niño por una puerta, luego la estatal, lo sacaron como un delincuente, patinando llanta, un niño de 7 años sacándolo así, exponiéndolo, exhibiéndolo. Sale la mamá del niño todavía burlándose enfrente de nosotros y me dijo que prefería que estuviera encerrado.»
Esa noche buscó a su hijo en la casa hogar y no lo encontró hasta el día siguiente. Aunque la estancia del menor fue de tres días, Camilo afirma que la institución no respetó la decisión de su hijo de permanecer con su padre.
“Me parece increíble que las autoridades, teniendo todos esos documentos escritos con oficios y todo, aún el niño lo vuelve a reiterar y lo único que hagan y digan es que ellos dependen de una juez para poder actuar y para poder obrar y no han querido hacer absolutamente nada”.
Mediante un recurso de amparo promovido por la madre, el menor fue dirigido a casa de su progenitora. Mientras que Camilo mantuvo las convivencias por medio del Cecofam.
Procuradora del DIF asegura que existen protocolos de cuidado para los menores en Casa Hogar
En entrevista para Elefante Blanco, Dulce Imelda Marcial Cruz, procuradora del DIF Tampico, aseguró que, en todos los casos, se actúa con estricto apego al cuidado y protección de los menores.
“Realizamos un tipo de audiencia conciliatoria con los padres, ya en caso de no llegar a ningún acuerdo con ellos nosotros como autoridad tomamos una medida de protección e ingresamos a el menor a la casa hogar. Al momento que el menor ingresa a casa hogar, recibe todas las atenciones que es trabajo social, jurídico, psicológico y médico, Si hay que hacer las investigaciones, pues ya nosotros las realizamos. Eso es lo que nosotros hacemos administrativamente”, explicó.
En enero de 2025, el DIF fue abrió una carpeta de investigación bajo el expediente 22/2025 en el juzgado séptimo de lo familiar, en ese entonces a cargo de la jueza Teresa Olivia Blanco Alvizo.
Camilo, asegura que, tanto el dictamen psicológico forense, como las declaraciones de su hijo a psicólogas del DIF, como sus declaraciones en el posterior proceso judicial, confirman que el deseo de su hijo es permanecer con su padre.
Resoluciones judiciales y régimen de convivencia
El proceso legal continuó en el Juzgado Séptimo de lo Familiar. Durante el juicio se realizaron evaluaciones psicológicas al menor, a sus progenitores y a sus respectivas parejas.
Durante el juicio Camilo promovió un recurso de queja por presuntas omisiones en la valoración de pruebas bajo la carpeta de investigación de responsabilidad administrativa 44/2025 en contra de la jueza Blanco Alvizo, donde señala las deficiencias de la investigación.
Camilo, en conjunto con su representante legal, Adriana Díaz Herrera, utilizaron las declaraciones del menor para defender la permanencia de la custodia de su hijo. Sin embargo, aún sin resolverse el juicio la jueza Teresa Alvizo abandonó su puesto al ser electa como magistrada en Tamaulipas.
En marzo de 2026, el nuevo titular del juzgado séptimo de lo familiar, Everardo Pérez Luna, determinó que la guarda y custodia del menor permanecería con la madre.
Mientras que Camilo permanecía con las convivencias en Cecofam. Sábados media hora de videollamada y domingos tres horas de convivencia, dos horas con supervisión y una libre.
Un proceso en curso
Camilo afirma que, en ocasiones, las convivencias no se llevan a cabo de forma regular.
“Les pido a cualquier persona que esté pasando por una situación así que no lo callemos más. A las autoridades les pido, volteen a ver mi caso, es lo que les pido, que levantando la voz y viendo las cosas, hagan la justicia. No para mí, para mi hijo que es lo único que busco. Poder salir con él, verlo crecer, jugar, darle un buen consejo. Mi mayor satisfacción es que a pesar de todo siempre me dice que me ama y eso nadie me lo va a poder quitar”.
Camilo continúa luchando por recuperar a su hijo. Actualmente alista un nuevo juicio de guardia y custodia para poder restablecer la convivencia con el menor fuera de las instalaciones del Cecofam.
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