Francisco Noriega Orozco, auditor superior de Tamaulipas. Crédito Alan Morales
El organismo reportó retrasos de hasta siete años en la revisión de cuentas públicas y busca evitar que expedientes por presuntas irregularidades queden sin sanción.

Victoria, Tamaulipas.- Una acumulación de retrasos en los procesos de revisión de cuentas públicas ha colocado en riesgo legal diversos expedientes por presuntos actos de corrupción, advirtió la Auditoría Superior del Estado (ASE), al señalar que algunos casos podrían quedar sin posibilidad de sanción.

El auditor superior, Francisco Noriega Orozco, expuso que al asumir funciones detectaron un panorama crítico, con investigaciones detenidas durante años y con plazos a punto de vencerse, lo que impediría proceder penalmente contra quienes habrían incurrido en irregularidades en el manejo de recursos.

Frente a esta situación, el organismo optó por intervenir de manera inmediata para rescatar expedientes y darles curso ante las instancias correspondientes, principalmente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

De acuerdo con el funcionario, varios de los asuntos que recientemente se han judicializado no son nuevos, sino que permanecieron archivados por largos periodos, lo que obligó a priorizarlos para evitar que prescribieran.

El desfase en la fiscalización, que en algunos casos alcanzó hasta siete años, provocó que se instalara la idea de que las irregularidades no tenían consecuencias, reconoció el titular de la ASE.

Para corregir esta inercia, se decidió modificar el esquema de trabajo, ahora no solo se atienden expedientes antiguos, sino que también se da seguimiento inmediato a las cuentas públicas más recientes, con la intención de acortar los tiempos de respuesta.

Noriega Orozco explicó que el objetivo es impedir que los casos vuelvan a rezagarse, por lo que se trabaja en paralelo en ambos frentes: el histórico y el actual.

Como parte de este ajuste, adelantó que en 2026 se conformarán alrededor de diez expedientes relacionados con la cuenta pública 2023, cuya revisión concluyó meses atrás.

Añadió que la instrucción es clara para el área jurídica: activar procedimientos en cuanto finalice la fiscalización, evitando así que las observaciones permanezcan sin seguimiento.

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