Ciudad Madero, Tamaulipas.— Un bloque de diez regidores del Ayuntamiento de Ciudad Madero exigió que el alcalde Erasmo González Robledo comparezca ante el Cabildo para explicar el pago de 51 millones 142 mil 776 pesos con 36 centavos al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (SUTSHA), derivado del amparo 748/2025 y de una orden judicial federal.
Los ediles plantearon que la explicación no puede delegarse en el secretario del Ayuntamiento y reclamaron acceso a documentación para votar “de manera informada” dentro de los plazos fijados por el juzgado.
“Es el alcalde quien está obligado legalmente a atendernos y explicarnos la situación técnica, jurídica y presupuestaria de este caso. No aceptamos que nos mande al Secretario del Ayuntamiento, quien ni siquiera tiene voz ni voto en el cabildo”, señalaron en su posicionamiento.
El grupo sostuvo que el requerimiento judicial obliga al municipio a reportar avances en un plazo de tres días, mientras el Cabildo —afirman— no cuenta con los elementos técnicos y presupuestarios para decidir el mecanismo de pago sin comprometer áreas operativas del gobierno municipal. En su pronunciamiento, advirtieron que una erogación de ese tamaño puede impactar partidas destinadas a bacheo, alumbrado y mantenimiento urbano.
Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Page, ha sostenido que el pago es obligatorio por tratarse de una resolución judicial firme y que la discusión se centra en cómo cubrirla sin colapsar las finanzas municipales. “El pago se tiene que dar porque es una orden judicial”, dijo al referirse al requerimiento del tribunal.
Marín Page también expuso como antecedente incumplimientos al contrato colectivo desde administraciones pasadas, una demanda promovida por el sindicato en 2012 y un laudo emitido en 2021, que después fue litigado hasta que un juez federal ordenó su ejecución. “Una vez dado un laudo, los derechos por cuestiones laborales son irrenunciables”, afirmó.
Según esa explicación, la administración municipal planteó un esquema de pago diferido: un primer abono de 3 millones de pesos y 96 mensualidades de poco más de medio millón, mecanismo que requeriría acuerdos de Cabildo y, por comprometer ejercicios fiscales futuros, validaciones posteriores.
El pronunciamiento de los regidores fue suscrito por Óscar Oseguera Kernion, María Fernanda Ortega Cruz, Silvia Raquel Williams Pineda, Sandra María Flores Paredes, Ma. Eufemia González Romero, Leticia Vargas Álvarez, Jorge Vladimir Sosa Pohl Byik, Mayra Rocío Ojeda Chávez, Alba Alicia Verástegui Ostos e Iris Estefanía Cortés Herrera.
Los regidores pidieron que el alcalde exponga, en Cabildo y con documentos, el estado jurídico del expediente, el origen del adeudo y el impacto presupuestario de la salida que se elija para cumplir la orden federal.
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