Ciudad Madero, Tamaulipas.- El Ayuntamiento de Ciudad Madero está obligado a cubrir un laudo laboral por más de 51 millones de pesos a favor del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento (SUTSHA).
El gobierno municipal atribuye el origen del adeudo a incumplimientos al contrato colectivo de trabajo desde 2009, que llevaron al sindicato a presentar una demanda en 2012 y, tras años de litigio, a un laudo dictado en 2021.
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín, sostiene que el margen de maniobra del municipio es limitado porque el asunto ya se convirtió en una obligación judicial.
“El pago se tiene que dar porque es una orden judicial, sino en hacer más amigable el pago y poderlo dar”, reveló.
De acuerdo con la explicación oficial, entre 2021 y 2025 las partes agotaron recursos legales, pero “recientemente” —según la reconstrucción difundida por el propio Ayuntamiento— un juez federal ordenó al Tribunal de Justicia Administrativa ejecutar el laudo, lo que derivó en el requerimiento formal de pago.
En ese contexto, Marín insistió en que el debate en el Cabildo no es sobre cancelar la obligación, sino sobre encontrar una salida administrativa que no descuadre el gasto municipal.
“No es cuestión de si autorizan un pago o no… es hacer más amigable el pago”, y remarcó el carácter definitivo del fallo laboral, “una vez dado un laudo, los derechos por cuestiones laborales son irrenunciables”.
El plan, pagar en abonos
La administración llevó a Cabildo un esquema de pago diferido: un abono inicial de 3 millones de pesos y 96 mensualidades por ocho años, con pagos “de poco más de 500 mil pesos”. La propuesta, según la exposición de Marín, buscaba cumplir la sentencia sin frenar áreas sensibles del gobierno.
“La propuesta fue realizar un pago inicial de 3 millones de pesos y posteriormente 96 mensualidades de poco más de 500 mil pesos, lo que permitiría cumplir con la sentencia sin comprometer obras públicas, servicios ni programas sociales”, reveló.
El secretario agregó que el Ayuntamiento planteó ese esquema para evitar que el tribunal avance a la ejecución forzosa sobre recursos públicos.
“Un embargo mermaría de manera significativa las finanzas de cualquier ayuntamiento”.
En su exposición pública, incluso lo aterrizó a ejemplos de gasto municipal que podrían resentirse si el pago se exigiera sin escalonamiento.
“Imagínense que se dejen de pavimentar calles o de invertir en unidades deportivas por cubrir esto en una sola exhibición”, dijo.
El Cabildo frenó el convenio
El plan, sin embargo, se atoró en Cabildo, pues la administración de Erasmo González Robledo no logró los votos necesarios para aprobar el esquema de pagos diferidos —un paso que, además, debía enviarse al Congreso estatal por comprometer ejercicios fiscales futuros— y el convenio quedó detenido.
Marín sostuvo que el Ayuntamiento buscaba llegar con autorizaciones a una audiencia ya programada en el tribunal. “El próximo 6 de abril está programada una audiencia conciliatoria en el tribunal, en Ciudad Victoria”, puntualizó.
Con el convenio frenado, el gobierno municipal de Erasmo González advierte un escenario de presión financiera, pues si no se aprueba un mecanismo de pago, el Tribunal podría ordenar medidas de ejecución. En su exposición pública, el secretario del Ayuntamiento sostuvo que la apuesta del gobierno era evitar que la sentencia impacte rubros operativos y de inversión.
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