Victoria, Tamaulipas.– La Auditoría Superior del Estado (ASE) pidió al Congreso de Tamaulipas aprobar una nueva Ley de Fiscalización con “mano dura” contra los ayuntamientos: multas más altas, sanciones por reincidencia y castigos directos a alcaldes, tesoreros y síndicos que no comprueben el uso del dinero público ni entreguen a tiempo su información financiera.
La solicitud llega después de que el órgano técnico detectó un presunto desfalco de alrededor de 10 mil millones de pesos en 40 de los 43 municipios y en otros entes públicos estatales, además de reprobar 180 de 300 cuentas públicas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Multas más altas y castigo a reincidentes
Durante la presentación del Plan de Trabajo 2026 ante la Comisión de Vigilancia, el auditor superior Francisco Noriega Orozco explicó que la iniciativa de nueva Ley de Fiscalización prevé sanciones económicas de entre 15 mil y 200 mil pesos para alcaldes, tesoreros y síndicos, con aumentos obligatorios cuando sean reincidentes.
Las multas ya no se reservarían sólo para los casos extremos, como la omisión total de una cuenta pública, sino también para quienes entreguen información incompleta o mal integrada: reportes mensuales de ayuntamientos y trimestrales de organismos que llegan con huecos, errores o sin los soportes indispensables.
La propuesta también endurece la regla clave: los castigos deberán pagarse con recursos personales, no con dinero del municipio. Si un alcalde o tesorero pretende cubrir la multa con fondos públicos, ésta se convertiría en una falta administrativa grave susceptible de convertirse en crédito fiscal a cobrar por la Secretaría de Finanzas estatal.
Municipios “relajados” y auditorías a ciegas
Noriega advirtió que en los últimos años se ha instalado un “relajamiento preocupante” en los municipios respecto a la entrega de información obligatoria. La ASE recibe carpetas con documentación a medias o de plano sin los anexos exigidos por los lineamientos generales de fiscalización.
Esa opacidad tiene efectos directos: complica la planeación de auditorías más profundas y limita la calidad de los resultados, porque no se puede seguir la ruta completa del dinero. Aun así, el órgano técnico aplicó cerca de 70 multas en el último año con la ley vigente, aunque sin recargos por reincidencia; justo ese hueco es el que buscan cerrar con la reforma.
Para 2026, la ASE programó la revisión de 195 cuentas públicas, de las cuales 90 corresponden a ayuntamientos y organismos paramunicipales como Comapas, DIF e institutos municipales. El resto pertenece a dependencias estatales, poderes públicos y entes autónomos.
10 mil millones sin sustento y 40 alcaldías en riesgo
El diagnóstico de fondo es grave, pues en los informes recientes al Congreso, la Auditoría reportó que 60% de las 300 cuentas públicas revisadas de 2021, 2022 y 2023 fue dictaminado en sentido negativo: alrededor de 10 mil millones de pesos no tienen sustento documental.
El golpe más fuerte se concentra en el ejercicio fiscal 2023. De las 195 cuentas de ese año, casi 90 son de entes municipales, incluyendo los 43 ayuntamientos y sus organismos paramunicipales. De ese universo, alrededor de 40 municipios aparecen con dictamen negativo, es decir, más del 95% incumple.
Legisladores de la Comisión de Vigilancia han señalado que, en buena parte de esos casos, las alcaldías no entregaron la documentación que acreditara el destino de los recursos, incurrieron en omisiones fiscales o desviaron fondos etiquetados para otros fines, lo que puede configurarse como falta grave.
Sanciones administrativas y penales
El presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Eliphaleth Gómez Lozano, adelantó que, una vez que el Pleno del Congreso vote los dictámenes de cuenta pública, la ASE iniciará expedientes por posibles quebrantos patrimoniales que podrían terminar en denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Los casos también pueden llegar al Tribunal de Justicia Administrativa, donde se definirán inhabilitaciones y sanciones adicionales.
No es la primera vez que el auditor Noriega lanza advertencias. En abril de este año, al presentar el Informe de Fiscalización 2023, calculó irregularidades por hasta 13 mil 500 millones de pesos en municipios, poderes del estado y organismos paramunicipales, y advirtió que quienes no solventaran las observaciones a más tardar el 22 de abril podían enfrentar procesos penales.
La nueva Ley de Fiscalización, permitiría que las multas dejen de ser la excepción y se conviertan en un mecanismo sistemático de presión: cada informe incompleto, cada omisión en las adquisiciones y cada intento de simulación al entregar carpetas vacías podría traducirse en sanciones crecientes y en la apertura de procedimientos ante el Sistema Estatal Anticorrupción.
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