Las autoridades judiciales y de justicia catearon cuatro casas de Alejandro Ávila Limas para ejecutar la orden de restitución de patria de potestad de su hija. No encontraron al padre y la niña en ninguna.
El operativo comenzó por la tarde noche de ayer jueves en domicilios del padre y sus familiares. Gabriela Salazar Bujanos acompañó las revisiones en compañía de personal del DIF de Tampico y Ciudad Madero.
“Tras 25 días de que lucha por recuperar de manera legal a su niña, por fin, una jueza federal reconoció las violaciones a sus derechos y los de su hija y ordenó se le restituya de manera inmediata la patria potestad. Sin embargo, «el padre del año», se esfumó”, informó la colectiva Mujer Manglar en redes sociales.
A finales de agosto, la jueza Roxana Ibarra Canul decidió retirar la custodia provisional a Salazar Bujanos. El martes, la jueza Nora Victoria Bonilla Marín otorgó una suspensión definitiva a favor de la madre para la niña vuelva con ella, tras comprobar irregularidades en el juicio de patria potestad presentado en el Juzgado tercero de lo familiar.
Caso lleno de irregularidades
El conflicto por la custodia inició formalmente en agosto, cuando la jueza Roxana Ibarra Canul, del Juzgado Tercero de lo Familiar en Tamaulipas, decidió retirar de manera provisional la patria potestad a Gabriela Salazar. Esa decisión motivó recursos legales de la madre, quien acusó irregularidades en el proceso judicial.
El martes, la jueza federal Bonilla Marín otorgó suspensión definitiva, lo que implicaba la restitución inmediata de la custodia. Con este fallo, quedó evidenciado que en el juicio original se incurrió en violaciones a los derechos de madre e hija, entre ellas la falta de notificaciones formales y la ausencia de condiciones de igualdad procesal.
El caso de Gabriela Salazar pone en evidencia las deficiencias en la impartición de justicia en asuntos familiares en Tamaulipas. Organizaciones feministas como Mujer Manglar, han señalado que situaciones como esta, exhiben la falta de perspectiva de género y de infancia en los tribunales, además de la tardanza en ejecutar resoluciones judiciales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado que en México las mujeres enfrentan obstáculos estructurales en juicios de custodia, desde la discriminación por roles de género hasta la dilación en procesos que afectan directamente a las niñas y niños involucrados.
Colectivos como Mujer Manglar han exigido a las autoridades estatales garantizar la localización inmediata de la menor y la ejecución plena de la sentencia, advirtiendo que la dilación representa un riesgo de violación continua a los derechos humanos.
El caso, que se ha mantenido visible en redes sociales, suma más de tres semanas de seguimiento y acompañamiento de la población. La madre ha reiterado que su prioridad es el bienestar de su hija y que su lucha continuará hasta que la sentencia se cumpla.
Mientras tanto, autoridades judiciales mantienen abiertas las órdenes de cateo en inmuebles vinculados al padre, con la instrucción de actuar hasta garantizar el cumplimiento de la restitución.
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