La construcción de las 15 Estaciones Seguras proyectadas a lo largo de la zona fronteriza del estado enfrenta un obstáculo que compromete su viabilidad: la falta de certeza legal sobre los terrenos necesarios.
De acuerdo con el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, hasta ahora solo se han asegurado predios para cuatro de los quince puntos exigidos, allanando el camino a posibles expropiaciones.
“Ya arrancamos con Miguel Alemán, con Reynosa Norte, y también ya se consiguieron los terrenos en Camargo y Díaz Ordaz”, aseguró Cepeda Anaya tras reunirse con autoridades locales de esos municipios, pero atribuyó “el rezago a complicaciones en los procesos de venta, donación e incluso expropiación, trámites que requieren tiempo y la voluntad de las partes involucradas”.
El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) es la dependencia encargada de gestionar dichas adquisiciones. Según el funcionario, el avance ha sido limitado debido a conflictos jurídicos, falta de acuerdos con particulares y la resistencia a ceder terrenos por parte de algunos municipios.
El Congreso estatal autorizó un crédito de 1,123 millones de pesos, provenientes de participaciones federales, para construir las Estaciones Seguras. Cada unidad tendrá un costo estimado de 60 millones de pesos, contará con estructuras blindadas y tecnología de vigilancia avanzada.
El consorcio constructor asignado al proyecto es Cemex, ganador de la licitación adjudicada directamente por invitación restringida a dos empresas. Las Estaciones Seguras están previstas para operar a lo largo de carreteras federales y estatales en la frontera norte.
Cepeda Anaya subrayó que el objetivo es concluir las obras entre tres y seis meses posteriores a la plena adquisición de los predios.
Estas Estaciones Seguras forman parte del esquema nacional para brindar auxilio y resguardo en rutas de alta incidencia delictiva, especialmente para transportistas y viajeros. Hasta ahora se han construido cuatro bases en municipios clave, aunque con retrasos por falta de tierras aseguradas.
Autoridades estatales han descartado afectaciones legales a futuro, afirmando que los terrenos adquiridos ya cuentan con certeza jurídica y están formalmente a nombre del Gobierno del Estado.
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