El asesinato de Pilar Garrido: 5 años sin justicia, ni verdad

Carlos Manuel Juárez

Las familias Garrido Santamans, en España, y Fernández González, en México, no han parado de exigir verdad y justicia por el asesinato de María del Pilar y el encarcelamiento de Jorge, su esposo, a quien consideran otra víctima del gobierno de Tamaulipas.

El homicidio de la ciudadana española y la aprehensión de su marido, un criminólogo tamaulipeco, expuso las irregularidades y posibles complicidades con las que operan la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Poder Judicial del Estado, bajo los mandos de Irving Barrios Mojica y Horacio Ortiz Renán, incondicionales del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Hoy 26 de julio se cumplen 5 años de que el cuerpo de Pilar Garrido fue encontrado en un predio baldío en el municipio de Villa de Casas. La madre de 34 años había sido reportada privada de la libertad el 2 de julio, cuando la familia Fernández Garrido regresaba de un día de playa de Soto la Marina a Ciudad Victoria. Las autoridades la buscaron con drones y recorridos por territorio hasta que hallaron su cadáver.

A la tragedia familiar por el asesinato de Pilar se sumó la detención de Jorge “F”, su esposo, anunciada por el titular de la fiscal general Irving Barrios Mojica un mes después del hallazgo del cadáver. La dependencia aseguró tener pruebas de que Jorge “F” había sido el victimario.

La imputación y el juicio contra Jorge “F” se desarrolló siempre con la oposición pública de las familias Garrido Santamans y Fernández González a la versión de la Fiscalía; en las audiencias, el personal del Ministerio Público de la FGJ de Tamaulipas: Mireya Maldonado Villegas, María del Carmen Cruz Marquina, Érika Dolores Granados y Adelfo Gabriel González Pérez sostuvieron: el hombre la golpeó en la nariz, ella cayó, se pegó en la nuca contra el suelo y fue ahorcada.

Casi al finalizar las audiencias y el juicio, la agente ministerial Érika Dolores Granados y el juez del caso, Abelardo Ibarra Torres fueron atacados a balazos y asesinados mientras platicaban dentro de un vehículo. La reasignación de la carpeta de investigación detuvo el fin del proceso judicial, aunque nunca cambió el sentido de la versión de la Fiscalía.

Meses más tarde, la imputación fue aceptada por los jueces Ignacio Zúñiga, José Antonio Rodríguez Grajeda y Ana Victoria Enríquez Martínez, quienes dictaron sentencia por el delito de feminicidio a 47 años de prisión el 11 enero de 2019. La resolución fue apelada y los magistrados Oscar Cantú Salinas, Pedro Francisco Pérez Vázquez y Raúl Enrique Morales Cadena, entonces integrantes de la Sala Colegiada Penal, desestimaron los alegatos a favor de Jorge “F”.

El caso judicial dio un giró a 4 años del homicidio. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región revisó la sentencia contra Jorge “F” y ordenó dejarla insubsistente. En el resolutivo, al que tuvo acceso Elefante Blanco, los magistrados federales exhibieron las deficiencias e irregularidades del Poder Judicial y la Fiscalía tamaulipeca.

“Emplearon argumentos incongruentes con la forma de configurar la prueba circunstancial para condenar al quejoso; porque señaló que este último mostró un comportamiento obstruccionista durante las investigaciones”, determinaron los magistrados federales sobre el actuar de los jueces y magistrados estatales.

Los testimonios de 3 policías investigadores y una especialista, que advirtieron conductas inusales, como un relato deshonesto, en Jorge “F”, también fueron señaladas en la resolución contra la sentencia penal.

“Todas estas consideraciones evidencian la incongruencia en que incurrió la responsable (Sala Colegiada Penal de Tamaulipas) al estimar actualizada la prueba circunstancial para condenar al quejoso”, decidió el Tribunal federal, quien ordenó una nueva sentencia.

La Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas elaboró una nueva sentencia ratificando la culpabilidad de Jorge “F”, misma que fue devuelta por no apegarse a los ordenamientos que fueron estipulados. Por segunda ocasión, el órgano judicial estatal insistió en responsabilizar del asesinato de Pilar Garrido a su esposo; envió la sentencia reformada que fue aprobada únicamente por el magistrado Daniel Ricardo Flores López en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito.

La familia Fernández González volvió a impugnar el castigo penal contra Jorge “F”, mediante la solicitud de revisión de la segunda sentencia y una inconformidad por el proceso judicial que permitió al magistrado Flores López avalar el trabajo de la magistrada Gloria Garza Jiménez y los magistrados Jorge Durham Infante y Javier Castro Ormaechea, nuevos integrantes de la Sala Penal Colegiada de Tamaulipas.

El proceso judicial continúa abierto y centrado en el valor probatorio del dictamen de muerte, de acuerdo con la defensa de Jorge “F”. Esta prueba fue elaborada por Alma Delia García Montes, una estudiante de sexto semestre de antropología forense que fue presentada como perito oficial a pesar de no contar con título profesional.

La mayoría de las personas involucradas en el caso han cambiado de rumbo. María del Carmen Cruz Marquina se convirtió en jueza de control. Adelfo Gabriel González Pérez fue designado fiscal especial para indagar la masacre de Valle de Anáhuac en Nuevo Laredo y posteriormente asignado a la Fiscalía Anticorrupción en las investigaciones contra el alcalde Eduardo Gattás y la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

El asesinato de Érika Dolores Granados y el fiscal Ibarra Torres sigue impune a pesar de que la FGJ ofrece una recompensa de 1,500,000 pesos por información que ayude a localizar a los responsables.

El fiscal Irving Barrios mantiene al frente del proceso judicial a Mireya Maldonado Villegas pese a que fue adscrita a la Dirección de Litigación y Extinción de Dominio de la Fiscalía.

Los magistrados estatales Cantú Salinas, Pérez Vázquez y Morales Cadena, ninguno permanece en el cargo. Ahora la Sala Colegiada Penal es controlada por mujeres y hombres sin carrera judicial pero incondicionales del gobernador Cabeza de Vaca.

Las familias de Pilar y Jorge esperan que el proyecto de resolución de la magistrada Olga Iliana Saldaña Durán les favorezca y sea aprobado por Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, secretaria en funciones de magistrada, y el magistrado Flores López.

A 5 años, la pregunta sobre quiénes asesinaron a Pilar Garrido continúa sin ser respondida.

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