Los candidatos y los desaparecidos

Catalejos

Opinión por Miguel Domínguez Flores

En noviembre del año pasado, el Comité de la ONU contra la desaparición forzada visitó Tamaulipas como parte de su recorrido por 13 entidades de México. La intención era hacer un diagnóstico de la crisis que vive el país en esta materia.

Ayer, los especialistas presentaron el informe que resultó de aquella visita en la que se entrevistaron con víctimas y autoridades.

La frase que mejor resume la conclusión a la que llegaron la dijo ayer la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana: “La impunidad es casi total”.

El documento que ya fue publicado, contiene 85 recomendaciones para el Estado mexicano. Entre las más contundentes está la urgencia de crear una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones.

También piden fortalecer los procesos de investigación y facilitar el acceso a “la búsqueda, verdad, justicia y reparación” y a reconocer “el papel de las víctimas”.

Pero el informe del Comité es una radiografía precisa de la crisis humanitaria que vive el país por las desapariciones.

Detrás de este fenómeno está el crimen organizado, pero los especialistas de la ONU advierten que también las autoridades son responsables, cuando están coludidas o “existe un patrón conocido de desapariciones y no se toman medidas”.

El panorama que pintan llega a ser desolador. Confirman que en México hay 52 mil cadáveres sin identificar, y más del 70% de ellos están en siete entidades, entre ellas Tamaulipas.

El problema es que el sistema forense mexicano está desarticulado, y la identificación de cuerpos arroja tristísimos resultados. A este ritmo, advierten, pasarían 120 años antes de que todos esos cadáveres recobraran su identidad.

Aquí, en una de las entidades más golpeadas por este delito sobre todo entre los años 2009 y 2013, los colectivos de búsqueda de personas han insistido en la necesidad de acelerar la identificación de los restos que yacen en fosas comunes y Semefos del estado.

El activista incansable, Guillermo Gutiérrez Riestra, era persistente en su demanda: sin menospreciar la intensa búsqueda que realizan decenas de personas en todo el estado, la prioridad de la autoridad debería ser que se conozca la identidad de los más de 3,600 cuerpos que oficialmente alberga el sistema forense estatal.

Este llamado de atención del Comité de la ONU llega en un momento interesante para Tamaulipas.
El drama de los desaparecidos y la crisis forense debería ser prioridad para los tres candidatos que andan en busca del voto, no para que publiquen palabras de aliento u organicen reuniones para la fotografía.

La dimensión de esta tragedia debería obligarlos a diseñar -si es que no lo han hecho- y presentar una estrategia integral que detalle cómo van a hacer para encontrar a las más de 11 mil personas cuyo rastro se perdió en el estado, identificar los cuerpos de las fosas comunes, y evitar que la cifra de desaparecidos siga en aumento.

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