Punto G(ire)
Opinión por GIRE (@GIRE_mx)
Durante la última década hemos celebrado grandes victorias como importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la despenalización del aborto en cuatro entidades federativas, además de la Ciudad de México años atrás. Si bien el movimiento feminista a favor de la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar ha crecido a lo largo y ancho del país, persisten barreras y pendientes que no podemos obviar. El Estado debe atenderlos para que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito deje de presentar obstáculos, particularmente en casos de violación sexual.
El aborto por violación está contemplado en todas las entidades federativas y la legislación vigente en esta materia es aplicable a todo el territorio nacional y de carácter obligatorio para todas las autoridades que intervengan en los procedimientos de interrupción legal del embarazo, pero el hecho de que autoridades, personal de salud y algunos juzgadores la desconozcan o no la implementen se convierte en un gran obstáculo para el acceso a este servicio.
Ante esta situación, GIRE brinda asesoría jurídica a mujeres y personas con capacidad de gestar a quienes se les ha negado u obstaculizado el servicio de aborto al que tienen derecho, y las acompaña en el proceso de acceso a la justicia y a una reparación integral. Uno de estos casos es el de Silvia, menor de edad que quedó embarazada a consecuencia de la violencia sexual que sufrió cuando tenía 13 años y a quien el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” negó el aborto.
Lo alarmante de este caso es que dicho nosocomio violó, por segunda ocasión, los derechos humanos de una víctima de violencia sexual, haciendo caso omiso no sólo de las disposiciones legales sino de la sentencia de la SCJN —emitida en abril de 2018 en relación a otro caso de negativa de interrupción legal del embarazo por parte de este hospital—, en la que se determina que el Estado está obligado a prestar servicios de aborto en casos de violación y que las autoridades no pueden implementar mecanismos internos que obstaculicen el acceso de las mujeres a sus derechos.
A pesar de que el marco normativo vigente y los precedentes de la SCJN reconocen que el acceso a servicios de aborto en ciertas circunstancias es un asunto de derechos humanos, y que a nivel local se contemplan varias causales de aborto, la información pública disponible para estimar quiénes y cuántas personas efectivamente acceden a estos servicios de salud es insuficiente. La información que puede encontrarse en las plataformas de datos abiertos del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud no se encuentra actualizada, y a nivel local la Ciudad de México es la única entidad federativa que sistematiza, publica y actualiza la información relacionada con los servicios de aborto que brinda.
Desde GIRE, periódicamente se realiza trabajo de investigación para conocer el acceso de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar a servicios de aborto por violación. Para la elaboración del más reciente informe sobre el estado de los derechos reproductivos en México se hicieron solicitudes de acceso a la información (SAI) a las instituciones de salud a nivel federal (Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE) y local (Secretarías de Salud o Servicios de Salud) respecto al número de abortos legales por violación sexual realizados de enero de 2010 a enero de 2020.
De la información obtenida de los servicios de salud locales se tiene un registro de 487 procedimientos de aborto por casos de violación sexual en todo el país; a nivel federal, el IMSS reportó cero casos, el ISSSTE respondió que la información solicitada era inexistente, y la Secretaría de Salud invocó el criterio 3/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que señala la no obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Estas respuestas a nivel federal sugieren que se desconoce o que no existe registro o reporte de la realización de procedimientos de aborto por violación por dichas instituciones, pese a que están obligadas a realizarlos conforme a la legislación vigente.
GIRE utiliza las SAI como herramientas para conocer las barreras que existen en el acceso a servicios de aborto en las diferentes entidades federativas del país, pero con frecuencia la información se declara inexistente o reservada, lo cual es un gran obstáculo que sólo puede subsanarse si el Estado canaliza mayores esfuerzos a la construcción de una cultura de acceso a la información pública con perspectiva de género y sin discriminación.
Asimismo, la eliminación de las barreras que se siguen enfrentando en materia de aborto, requiere —entre otras acciones— que las instituciones de salud garanticen el acceso a este servicio bajo los supuestos permitidos por ley, a partir de lo establecido en la NOM-046, Ley General de Víctimas, los precedentes de la SCJN y lo que señala el Lineamiento para la Atención del Aborto Seguro en México, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Desde GIRE seguiremos acompañando en su camino de acceso a la justicia y a una reparación integral a quienes se les nieguen u obstaculicen los servicios de aborto legal. Si requieres asesoría jurídica o acompañamiento, ¡contáctanos!
#UnaDécadaJusticiaReproductiva
Grupo de Información en Reproducción Elegida. Organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE.
