¿Alguien quiere una aspirina?
Por Alberto Nájar
Ricardo Anaya Cervantes, excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México, reapareció tras algunos meses de silencio.
Lo hizo con un video, como fue su costumbre al inicio de este 2021 cuando difundió una serie de polémicos mensajes con los que pretendía criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue parte de una campaña para tratar de posicionarse como el único político capaz de hacer frente al mandatario. Le falló.
El político lucía falso, completamente fuera de lugar, una persona poco confiable. La estrategia sólo provocó burlas y acusaciones de clasismo.
Anaya se perdió en el océano de memes y mentiras que abundan en internet. Hasta el sábado 21 de agosto cuando publicó en Twitter un video en el que acusa a López Obrador de pretender llevarlo a prisión.
“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024”, escribió.
En pocas horas el mensaje se convirtió en el principal tema del debate político, sobre todo por el impulso de la mayoría de los medios tradicionales que le convirtieron en el tema central de sus portadas y noticieros.
El presidente López Obrador puso su parte al comentar el asunto en varias conferencias de prensa matutinas, lo que provocó una inusual unidad opositora en torno al malogrado candidato.
A la defensa se sumaron algunos que en su momento acusaron de traición y delincuencia al personaje. Fue el caso del impresentable sujeto Felipe Calderón y su esposa, por ejemplo.
Los dos renunciaron al PAN después que Anaya se quedó con la candidatura presidencial del partido, en 2018.
El clímax llegó cuando se publicó que el político estaba citado a comparecer ante un juez el 26 de agosto, para participar en la audiencia inicial de su proceso.
Anaya, pues, tuvo sus horas de fama. No fueron pocos los que le vieron como el opositor que esperaban los mexicanos.
Algunos reclamaron en Twitter la pasividad de Enrique Krauze, a quien exigieron equiparar al político queretano con algún héroe nacional.
En el festín y celebraciones por la llegada de El Opositor, pocos se detuvieron en los detalles judiciales… y la posibilidad de que, como en otros casos vinculados al escándalo Odebrecht, el panista Anaya siga en la calle o en su casa, cómodamente instalado.
Desde el primer día Anaya aseguró que nunca tuvo acceso a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). También exigió conocer los delitos por los que es acusado.
La respuesta llegó tras varios días de debate. En un comunicado oficial la Fiscalía afirma que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ordenó entregar al excandidato (identificado como Ricardo “N”) seis millones 800 mil pesos a cambio de votar en favor de la iniciativa de Reforma Energética.
De acuerdo con la FGR la entrega se hizo en la Cámara de Diputados en 2014.
“Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la Reforma Constitucional en materia energética, quedó constancia de que Ricardo “N” votó a favor de la misma”, indica el documento.
Es uno de los elementos centrales con que la FGR acusa al excandidato de participar en la cadena de sobornos en el escándalo Odebrecht.
La tesis se refuerza con el dicho de dos personas que aseguran haber atestiguado una serie de visitas de Anaya y otros legisladores a Emilio Lozoya.
El problema, sin embargo, es que la Reforma Energética se aprobó en 2013.
La votación donde participó Anaya, quien era coordinador de los diputados del PAN, ocurrió el 12 de diciembre de ese año y no en 2014, como afirma la FGR.
Anaya sostiene, además, que en la fecha que supuestamente ocurrió el soborno ya no era legislador.
La Reforma Energética se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.
Por eso llama la atención la fecha en que supuestamente ocurrió el soborno, y sobre todo el propósito de su entrega: sería muy complicado que en 2014 Anaya hubiera participado en una sesión de la Cámara de Diputados para votar por algo que era una ley vigente.
¿Error en el documento para los medios? Puede ser, aunque la información de los comunicados de prensa como éste suele tomarse de los expedientes que el Ministerio Público presenta ante los jueces.
Los datos son avalados por altos mandos de la Fiscalía pues se trata de una versión oficial que, en algunos casos, puede ser utilizada como prueba en un proceso judicial.
Es decir, es muy probable que la imputación contra Anaya contemple la entrega de un soborno en 2014 para avalar la Reforma Energética.
No es un dato menor. La FGR afirma que la secuencia de las diligencias señaladas, es decir, el testimonio de Emilio Lozoya y otros colaboradores, “evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras”.
Pero la fecha en que se afirma ocurrió parte de los hechos es equivocada. Con ello se pierde el valor de los testimonios presentados en el juicio.
Si este elemento forma parte de la imputación central contra Ricardo Anaya, es probable que el juez lo deseche. Y con ello, se diluye también la posibilidad de encarcelar al excandidato presidencial.
Esto, claro, si el propósito real de la FGR es conseguir una sentencia de prisión contra Anaya y otros involucrados en el escándalo Odebrecht.
Porque hasta ahora la Fiscalía General parece más empeñada en perder el caso, que en realmente sancionar a los responsables y combatir la impunidad, como es la promesa del presidente López Obrador.
El principal involucrado, Emilio Lozoya, enfrenta su proceso en libertad. No se sabe si realmente fueron útiles las maletas llenas de expedientes y documentos sobre los sobornos con que llegó de España tras su extradición.
De los señalados de participar en el escándalo sólo uno, el exsenador Jorge Luis Lavalle, está detenido.
Los restantes siguen libres, como ocurre con los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Lo mismo sucede con los gobernadores Francisco Domínguez de Querétaro, y Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.
Y con base en las contradicciones de la acusación contra el excandidato presidencial, es muy probable que Ricardo Anaya se una a ese club.
El del cinismo y la impunidad.
