Recurren padres morosos a tácticas dilatorias y puertas legales para aplazar responsabilidades con hijas e hijos; impunidad alcanza a personas públicas con contratos del gobierno de Libia Dennise
En el ámbito público, Jorge Robledo Vega se ostenta como promotor de foros para promover el periodismo de paz con recursos públicos y dirige la franquicia regional del medio Quadratín, pero en lo privado ha enfrentado tres vinculaciones a proceso. La primera de ellas, por una denuncia por presunto incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en agravio de sus dos hijos menores de edad desde el año 2023; dos más son por el presunto delito de violencia familiar en perjuicio de sus hijos y su expareja.
Este es solo un ejemplo de cómo el colapso del sistema judicial, el acceso a tácticas dilatorias por parte de los imputados y la falta de perspectiva de infancias de jueces y ministeriales obstaculizan el proceso penal para que las hijas e hijos de deudores alimentarios accedan a la reparación y el pago puntual de la pensión que les corresponde.
En los últimos seis años, en Guanajuato se han abierto 14 mil 801 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, según datos de la Fiscalía General del Estado; de acuerdo con información proporcionada por el Poder Judicial estatal, en el mismo periodo, solo 353 casos han llegado a una sentencia condenatoria, algunos de ellos fueron iniciados antes de 2020.
Laura Orozco Marín, abogada penalista que asesora a jefas de familia en denuncias por incumplimiento, señala que en Guanajuato, el sistema judicial carece de perspectiva de infancias para atender estos casos al no ser considerados delitos graves.
De acuerdo con el Artículo 215 del Código Penal estatal, “se le impondrá una punibilidad de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa, además del pago de alimentos caídos en términos de la legislación civil, a quien injustificadamente deje de satisfacer obligaciones alimentarias, total o parcialmente”.
“El proceso penal es muy bondadoso para los deudores, en el sentido en el que les da muchas oportunidades, que son recursos o soluciones alternas a los que tienen derecho por ley”, explicó.
Infografía: Juan José Plascencia
En el estado, desde 2023 existe por decreto gubernamental el padrón de deudores alimentarios, al cual ingresan aquellas personas que incumplan con el pago de la pensión en un plazo de 90 días. Pero para ello es necesaria la presentación de una demanda y una orden judicial. Hasta el día de hoy, solo 121 personas están inscritas en el padrón y sus identidades no son públicas.
Para las jefas de familia, que sostienen uno de cada tres hogares en Guanajuato según cifras del INEGI de 2023, el camino para exigir el pago de la pensión, que se establece mediante un convenio en materia familiar tras un proceso de divorcio o de reconocimiento de paternidad, puede extenderse de 3 a 5 años. En este plazo, en el que no reciben la cuota en la periodicidad acordada, deben cubrir gastos completos de manutención, además de pagar los honorarios de una asesoría legal.
Mientras tanto, los deudores evaden su responsabilidad con tácticas que incluyen la renuncia de sus trabajos para no acreditar ingresos, la manipulación de recibos de nómina, o poner bienes inmuebles y materiales a nombre de terceros. Así lo explicó la activista Alejandra Aguilera, representante del colectivo Madres Autónomas de Guanajuato.
“Los deudores invierten mucho dinero en abogados en lugar de pagar las pensiones de sus hijas e hijos. Y las cuotas no están hechas con base en lo que las niñas y niños necesitan, sino con lo que el deudor puede comprobar que gana: si gano dos pesos, te toca un peso, cuando sabemos que los gastos de los niños son de diez pesos”, explicó Aguilera.
Los caminos de la impunidad
Pero la abogada Laura Orozco, luego de que una víctima denuncia el incumplimiento en representación de sus hijos, inicia el camino de obstáculos que implica obtener una vinculación a proceso para el deudor.
“Es una negligencia del sistema. Para vincular ese tipo de hechos, la Fiscalía necesita una sentencia en materia familiar que dice cuánto tiene que pagar, aparte, hay una denuncia por incumplimiento y hay un acta de nacimiento donde dice que es su hijo, y le llevan los estados de cuenta donde se ve que no ha depositado desde hace meses, con eso ya alcanza para vincular”, explicó.
Sin embargo, el Ministerio Público puede ordenar peritajes contables que acrediten la falta de pago en los estados de cuenta, así como informes que acrediten que el deudor no tiene bienes inmuebles que puedan ser embargados en forma de pago. De acuerdo con la abogada, esto puede dilatar la vinculación a proceso hasta dos meses.
Existen otros recursos con los cuales los deudores pueden burlar la vinculación a proceso y con ello el inicio de un procedimiento penal en su contra. Uno de ellos es el acuerdo reparatorio, que establece el pago total de la deuda a meses sin intereses. Además, el deudor debe cumplir mensualmente con la pensión mientras cubre el adeudo. Este acuerdo sobresee la carpeta y el proceso termina ahí.
“Se puede acceder a este recurso hasta antes de que se desahogue la audiencia intermedia. Puede ser un plazo como de un año, para que el señor diga en su última oportunidad que quiere llegar a una conciliación y que la señora acepte las condiciones de pago porque necesita el dinero, sin importar el tiempo que se haya tardado en pagar”, explicó Orozco.
Infografía: Juan José Plascencia
Otro recurso es la Suspensión Condicional del Proceso, derecho del imputado previsto en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto le permite proponer un plan de reparación del daño para pagar lo adeudado en un plazo que va desde 1 hasta los 36 meses, sin intereses. Para acceder a esto, solo debe garantizar el pago de un año de pensión por adelantado más las mensualidades corrientes. Si cumple con las condiciones en el plazo establecido, evita ir a juicio y recibir una sentencia.
De acuerdo con Orozco, esta suspensión funciona como una suerte de comodín. Si el deudor cumplió con los pagos del plan de reparación, pero después de esto dejó de pagar, puede pedir el recurso nuevamente dos años después. Y así, evade la vinculación a proceso.
El desgaste de 3 años en la búsqueda de justicia para sus hijos
Jorge Robledo, periodista originario de Guadalajara que ha construido una carrera en medios de comunicación de Guanajuato, ha evadido en los últimos tres años el pago de la pensión alimentaria, así como el equivalente a los gastos escolares de sus hijos desde el año 2023, cuando se divorció de Judith Guajardo. De acuerdo con el testimonio de su expareja, hasta el día de hoy Robledo adeuda 355 mil pesos más la compensación por el daño moral, de acuerdo con la carpeta de investigación.
Su nombre y rostro pueden verse en distintas publicaciones de colectivas feministas de Jalisco, donde es señalado como presunto deudor y violentador en la carpeta de investigación 98904.
Mientras se ha negado a cumplir con el convenio de manutención y ha litigado el proceso penal para evitar llegar a la audiencia intermedia, Robledo ha cobrado al menos 3.5 millones de pesos en servicios de publicidad y organización de eventos al Poder Ejecutivo y a los municipios de León, San Miguel de Allende e Irapuato a través de la razón social Balenmex Marketing y Publicidad, que dirige a través de prestanombres, como lo consignó el diario AM.
Robledo Vega además aparece como director de la asociación Soipaz, organizadora de dos encuentros de periodismo iberoamericano de “periodismo de paz”. Así también lo consignan distintos oficios presentados a la Dirección de Turismo de León, donde solicita recursos públicos para la difusión del evento que él mismo organizó en 2023 y 2024. Las dos ediciones del encuentro fueron inauguradas por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez y la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos.
En el convenio de manutención suscrito por el mismo Robledo, el periodista se comprometió a pagar, además de los gastos educativos, el pago de la renta de la vivienda donde sus hijos viven bajo tutela de su mamá, así como el cincuenta por ciento de gastos médicos y actividades extracurriculares. Pero de acuerdo con el testimonio de su expareja, a los pocos meses el incumplimiento de la cuota escolar causó la baja de los niños del colegio.
En aquel momento, Judith se vio forzada a esperar el pago, pues cambiar a sus hijos de escuela implicaría violar el convenio.
“De forma abrupta, mis hijos fueron obligados a dejar su escuela, su círculo de amigos. Yo no tenía trabajo porque él no me dejaba trabajar, ni mi red de apoyo, porque mi familia vive en Guadalajara. Mi mamá tuvo que venir a León para estar con mis hijos mientras yo salía a trabajar. Pero hay muchas mujeres que no tienen esa posibilidad”, recordó Judith Robledo en entrevista para POPLab.
Esta situación orilló a Judith a cambiar a sus hijos a una escuela dentro de sus posibilidades luego de que presentó la denuncia contra Jorge Robledo por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Además del adeudo de las cuotas escolares, Robledo dejó de pagar 5 mil pesos de manutención que debía pagar mes con mes y la renta de la casa donde habitan sus hijos.
Aunque la denuncia por incumplimiento fue presentada en 2023, la vinculación contra Jorge Robledo fue emitida por la Fiscalía hasta julio de 2025. A más de un año, el proceso no ha alcanzado la etapa intermedia debido a tácticas dilatorias del propio Robledo, como cambios en la defensa, según relató su expareja. Y aunque en este periodo el periodista también fue denunciado por violencia familiar tras agredir físicamente a su hijo. Por esta denuncia existe otra vinculación a proceso.
“Entiendo que cada individuo tiene derechos, y se tienen que hacer valer, pero creo que en algún momento esos derechos, por cometer algún delito, deberían quitárselos. Se debe visibilizar la situación en la que nos pone a las mujeres y a nuestros hijos, es la mortificación de qué vas a hacer, porque claro que nos decimos “puedo hacerlo sola”, pero no es lo justo, porque somos dos papás”, dijo Judith.
Llegar a juicio, otro calvario
Aun después de que una persona imputada es vinculada a proceso por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, los tiempos judiciales pueden extenderse considerablemente. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece un plazo de seis meses para la investigación complementaria, sin embargo, debido a la saturación de los tribunales, la programación de la audiencia intermedia puede requerir entre cuatro y cinco meses adicionales, explicó Laura Orozco.
Bajo estas condiciones, explica Orozco, el proceso completo hasta la emisión de una sentencia puede prolongarse hasta cinco años, un periodo que puede desalentar a quienes buscan mantener su denuncia hasta las últimas consecuencias.
A los tiempos propios del sistema se suman estrategias procesales que pueden contribuir a diferir las audiencias. Entre ellas se encuentra el cambio de defensa jurídica en momentos cercanos a una audiencia.
“La fiscalía no sabe pedir órdenes de aprehensión en estos delitos, ni prisión preventiva, claro que tiene elementos para justificarlo, pero como para ellos no es grave o no son homicidios, no lo hacen”, advirtió Laura.
El poder de la denuncia pública
Hace cuatro años, tras divorciarse, la activista por la justicia alimentaria Alejandra Aguilera inició un proceso para que el padre de su hija Sam la reconociera legalmente y cumpliera con el pago de la pensión alimentaria. Hasta entonces, el padre había tenido una presencia intermitente en la vida de la adolescente, por lo que Alejandra registró a su hija sin el apellido paterno.
“Inicialmente la negó, dijo que no tuvimos hijos dentro del matrimonio, luego dijo que la tuvimos antes de casarnos, tonterías de ese tipo», recordó.
En ese momento, la abogada de su expareja era Ariadna Enríquez Vanderkam, quien posteriormente se convirtió en magistrada federal y entonces competía en la elección judicial. Aguilera relata que llegó a temer que esa posición de influencia pudiera afectar el procedimiento de su hija, aunque finalmente el proceso concluyó a su favor.
No obstante, durante el proceso, la defensa de su expareja presentó documentos con información apócrifa sobre sus ingresos con el propósito de reducir el monto de la pensión. Sin embargo, el juicio terminó con una resolución favorable para su hija.
“Hoy recibo una pensión justa, pero tuve que hacerlo con un abogado privado. Hasta ahora, la manutención llega a veces con retrasos, pero llega. Tuve que hacer mi caso mediático porque se convirtió en un proceso desgastante, en ese momento me di cuenta de que la justicia alimentaria es muy utópica y decidí comenzar a moverme por esta causa”, sostuvo.
Tras emprender el proceso para garantizar una pensión digna para su hija, Alejandra acompaña a otras madres que se encuentran en la misma situación. A nivel estatal, ha impulsado con otras activistas la implementación de la Ley Sabina, cuya legislación corresponde al congreso local.
Deudores, un problema social y del Estado
En entrevista, la activista e impulsora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez, advirtió sobre la urgencia de que el padrón de deudores alimentarios en Guanajuato sea de carácter público. Para las madres y activistas que han enfrentado procesos en los juzgados, este listado debe estar disponible para que cualquier persona pueda conocer si alguien tiene adeudos de pensión alimentaria.
“Queremos un padrón visible al público, que no te pida ninguna CURP, ninguna referencia para poder ingresar”, sostuvo Vázquez. La activista considera que hacer público el registro permitiría que las mujeres conozcan si una persona con la que pretenden establecer una relación mantiene adeudos alimentarios y, al mismo tiempo, obligaría a reconocer la falta de pago de pensiones como un problema social que debe ser atendido por el Estado.
Diana Luz Vázquez, autora del libro “Salvavidas para madres autónomas”, cuestiona que las estadísticas oficiales apenas permiten dimensionar el fenómeno de los padres que incumplen con sus obligaciones.
Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina a nivel nacional durante la presentación de su libro en la Ibero León. Foto: Melissa Esquivias.
Mientras los censos del INEGI preguntan por la presencia de jefas de familia en los hogares, no existe el mismo énfasis para identificar a los padres deudores o ausentes. Para la activista, esta omisión contribuye a que el costo de la manutención continúe recayendo principalmente sobre las mujeres. Este último censo registró al menos 120 mil madres jefas de familia en los 46 municipios del estado.
A esto se suma un sistema judicial que puede resultar largo y revictimizante para las madres que buscan exigir una pensión. Vázquez lamentó que algunas mujeres son cuestionadas por su maternidad o reciben respuestas de jueces y juezas que trasladan sobre ellas la responsabilidad de resolver el incumplimiento del padre.
“Nosotras tenemos que hacerla de investigadora privada, de policía, bueno, ir con el actuario, acompañarlo a notificar, es muy tortuoso. Por otro lado, está la tardanza en emitir una pensión alimenticia que debía ser de carácter urgente, es decir, una mamá que solicita una pensión al día siguiente o en una semana tiene que estar recibiendo ese recurso porque es la prioridad del interés superior de la infancia”.
Violencia vicaria, la otra cara de la moneda
Mujeres como Yuriko Villalobos e mujeres han identifican violencias que, en su caso, la obligaron a ser ella quien se hiciera cargo de la pensión alimenticia. Esta situación, dijo, le ha generado un desgaste económico y emocional al advertir un porque ve un trato diferenciado de las autoridades encargadas de impartir justicia.
Hace cuatro años, Yuriko se divorció después de haber vivido situaciones que, con el tiempo, identificó como formas de violencia: control excesivo, dependencia económica manipulada, aislamiento y miedo constante para tomar decisiones. Lo que no imaginó era que, después de separarse, comenzaría una nueva etapa de conflicto por mantener la custodia de sus hijas.
“Yo desde la vulnerabilidad, desconocimiento y falta de asesoramiento tomé decisiones con las que me desprotegí y desprotegí a mis hijas. El ceder la custodia fue una condicionante para que yo pudiera volver a verlas”, relató a POPLab.
Las obstrucciones a la convivencia se prolongaron durante meses. Fue en medio de ese proceso cuando conoció qué era la violencia vicaria. Y aunque actualmente sí mantiene convivencia con sus hijas y paga una manutención, asegura que el camino ha estado marcado por obstáculos y desgaste emocional y económico.
Recientemente y con un cambio de asesoramiento legal, presentó una demanda por cambio de custodia y afirma que también ha enfrentado procedimientos que considera injustificados.
“Otra característica de la violencia vicaria es que utilizan al sistema de manera exagerada e injustificada para que tú en algún momento desistas”, dice.
Para Villalobos, hacer público su caso también significa visibilizar una problemática que, asegura, muchas mujeres enfrentan sin saber cómo nombrarla.
“Yo espero que se resuelvan conforme a derecho pero sí creo que hay mucho desconocimiento de este tema, por eso decidí levantar la voz, hay muchas mujeres que lo están viviendo pero no saben cómo se llama”.
Esta nota fue realizada por POP LAB.MX, medio aliado de Elefante Blanco. Aquí puedes encontrar la nota original
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