Victoria, Tamaulipas.– Amenazas de represalias por no otorgar una calificación de 10, intimidaciones de alumnos que aseguran tener familiares vinculados con el crimen organizado y agresiones físicas por llamarles la atención son algunas de las situaciones que enfrentan maestros en Tamaulipas y otras entidades del país.
Ante esta problemática, la diputada local de Morena, Blanca Anzaldúa Nájera, defendió la necesidad de reforzar la protección jurídica del magisterio mediante reformas legales que permitan sancionar las agresiones contra docentes y establecer medidas para atender estos casos, incluso cuando los responsables sean menores de edad.
La legisladora recordó que presentó una iniciativa para reformar la Constitución de Tamaulipas, el Código Penal y la Ley de Educación, con el objetivo de proteger al personal educativo frente a amenazas y agresiones.
El planteamiento contempla incrementar hasta en una mitad las penas por determinados delitos cometidos contra maestros en el ejercicio de sus funciones.
Anzaldúa sostuvo que en el sur de Tamaulipas se han registrado agresiones en planteles de educación media superior y advirtió que los docentes también enfrentan intimidaciones por parte de estudiantes y sus familias.
Durante su etapa como maestra en una escuela normal, recordó que sus alumnos en prácticas regresaban de los planteles para contarle que algunos estudiantes los amenazaban por las calificaciones que les asignaban.
“Hay un niño que dice que su papá le dijo que me dijera que si no le pongo 10, me va a hacer esto, me va a hacer esto otro”, relató.
La diputada consideró que estas conductas deben tener consecuencias y aclaró que no basta con presentar una denuncia para responsabilizar a una persona, sino que deben acreditarse los hechos.
“No quiere decir que porque alguien venga y me acuse, con eso sea suficiente. Aquí se trata de que ejecuten materialmente una agresión”, explicó.
Sobre los menores que incurran en estas conductas, señaló que también deben aplicarse correctivos conforme a su edad y situación jurídica, mientras que los adultos deben responder por sus actos de acuerdo con la ley.
La morenista también atribuyó parte del problema a la formación que reciben los menores en casa, al señalar que algunos padres los alientan a responder con violencia en lugar de acudir con los maestros para resolver los conflictos.
“Anteriormente en las casas nos decían: si alguien te pega, le vas a decir a la maestra. Ahora dicen: si te pegan, regrésasela”, cuestionó.
Sin embargo, aclaró que la protección de los docentes no significa encubrir a quienes cometan abusos contra sus estudiantes, particularmente cuando se trata de conductas de carácter sexual.
“No estamos defendiendo a los maestros que son agresores, no a aquellos maestros que están viendo y que están haciendo tocamientos a las niñas. Ese tipo de conductas no se están tolerando ni se tolerarán. Aquí es de respeto mutuo”, afirmó.
Anzaldúa insistió en que las autoridades deben actuar ante las agresiones comprobadas, pero también llamó a los padres de familia a asumir su responsabilidad en la educación de sus hijos.
“Necesitamos no solamente de la autoridad, aquí necesitamos de los padres de familia, porque reitero, la escuela no solamente educa, también forma, pero el hogar es la primera escuela”, concluyó.
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