Victoria, Tamaulipas.— El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) contrató más de 34 millones de pesos con Cajas Graf para preparar la elección de gobernador de 2022. Ahora, mientras enfrenta cuestionamientos por la publicación de sus adquisiciones, su presidente, Juan José Ramos Charre, defendió que algunas compras se documenten mediante pedidos u órdenes de compra.
Las operaciones con Cajas Graf corresponden a tres contratos celebrados entre octubre de 2021 y marzo de 2022: dos mediante licitación pública y uno por invitación a cuando menos tres personas.
Los montos reportados fueron de 14 millones 587 mil 401 pesos, 2 millones 480 mil 675 pesos y 16 millones 969 mil 783 pesos. En conjunto, representan aproximadamente 34.04 millones de pesos.
La proveedora aparece en los señalamientos nacionales sobre contrataciones de material electoral y posibles conflictos de interés. Ese contexto no acredita, por sí mismo, una irregularidad en los tres procedimientos del organismo tamaulipeco.
Defiende compras con órdenes de pedido
Ramos Charre fue cuestionado sobre la falta de publicación de 105 contratos y de información que explique las adjudicaciones directas del instituto. Respondió que el documento utilizado para formalizar una adquisición depende del monto de la operación.
Según su explicación, las compras de bienes y servicios superiores a 250 mil pesos requieren contrato, mientras que las de menor importe pueden respaldarse con pedidos u órdenes de compra.
“Que no exista un instrumento como tal, denominado contrato, para aquellas operaciones que no rebasen los 250 mil pesos, no es una ilegalidad, es algo que está conforme a los procedimientos”, afirmó.
La respuesta sobre ese umbral corresponde a operaciones menores. Los tres contratos identificados con Cajas Graf superan individualmente los dos millones de pesos y fueron formalizados mediante procedimientos distintos.
El consejero presidente precisó que, aun cuando una compra no tenga un documento denominado contrato, su expediente debe contener los comprobantes correspondientes. Para los arrendamientos, añadió, sí debe existir contrato, independientemente de la cantidad comprometida.
Sin embargo, en la explicación proporcionada no desglosó cuántos de los 105 documentos cuestionados corresponden a órdenes de compra ni detalló los montos y proveedores de esas operaciones.
Tampoco expuso caso por caso los motivos para recurrir a adjudicaciones directas. Su respuesta se centró en la forma de documentar las compras.
Asegura que las operaciones pueden revisarse
Ramos Charre señaló que el instituto cuenta con un comité de compras integrado por la Presidencia del Consejo, la Dirección de Administración, la Secretaría Ejecutiva y otro funcionario.
Afirmó que la información sobre las operaciones está disponible en el portal institucional, aunque las respaldadas mediante órdenes de compra no aparecen identificadas como contratos.
“Por supuesto que como autoridades electorales estamos a favor de la transparencia, de toda la transparencia que sea posible”, declaró.
El funcionario agregó que el ejercicio del gasto está sujeto a revisión del Órgano Interno de Control y de las autoridades fiscalizadoras. Mencionó a la Auditoría Superior del Estado y, cuando se trata de recursos federales, a la Auditoría Superior de la Federación.
Preparan nuevas adquisiciones para 2027
En medio de estos cuestionamientos, el Ietam abrió dos licitaciones públicas nacionales para las elecciones de 2027: una de equipo informático y tecnológico y otra de materiales electorales.
Este lunes 26 de octubre concluyó el plazo para adquirir las bases. Las juntas de aclaraciones están programadas para el martes 27, a las 15:00 y 18:00 horas, respectivamente.
Ante las preguntas sobre los proveedores, Ramos Charre negó que exista una empresa seleccionada previamente.
“No tenemos una empresa per se propiamente, no existe como tal una empresa”, sostuvo.
Explicó que los participantes deberán acreditar experiencia mediante al menos cinco contratos celebrados durante los últimos cinco años, con los que demuestren entregas satisfactorias a otros institutos electorales.
Las nuevas licitaciones avanzan mientras queda pendiente conocer el desglose de las operaciones señaladas por falta de documentación pública y las razones específicas de las adjudicaciones directas cuestionadas.
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