Victoria, Tamaulipas.— La falta de capacidad para procesar restos humanos y localizar a personas desaparecidas mantiene bajo presión a las autoridades de Tamaulipas, por lo que colectivos de búsqueda plantearon acelerar la operación de infraestructura forense y ampliar las herramientas para encontrar a quienes continúan sin ser localizados.
Uno de los principales reclamos es poner finalmente en funcionamiento el Centro de Identificación Humana, cuya entrada en operaciones ha sido aplazada en distintas ocasiones.
De acuerdo con lo informado a las familias por parte de las autoridades, ahora se contempla que pueda comenzar a trabajar en marzo, una fecha que los colectivos esperan que sea definitiva ante la cantidad de restos pendientes de análisis.
Edith González, integrante del colectivo Amor por los Desaparecidos, señaló que actualmente existen limitaciones de materiales y recursos que impiden avanzar al ritmo que requiere la problemática.
Por ello, también se planteó mantener la toma masiva de muestras genéticas y establecer un sistema de códigos que permita relacionar los perfiles con posibles familiares.
La demanda no se limita a Ciudad Victoria.
Los colectivos pidieron que la capacidad de atención forense llegue también a otras regiones, particularmente al norte del estado, donde municipios como Reynosa y Matamoros concentran una parte importante de los casos.
Dentro de esta propuesta se encuentra la habilitación de instalaciones para servicios forenses en la capital y posteriormente su extensión a otras zonas.
Otro de los reclamos fue ampliar las búsquedas en vida, con operativos en centros de rehabilitación y otros establecimientos donde podrían encontrarse personas reportadas como desaparecidas.
Las familias plantearon que las autoridades establezcan mecanismos que permitan revisar estos lugares y verificar posibles coincidencias.
En este punto también se expuso la situación de los llamados anexos.
De acuerdo con los datos presentados por el colectivo, en Tamaulipas existirían alrededor de 94 establecimientos de este tipo, aunque solamente unos 41 estarían regulados.
Las familias aseguran haber conocido casos de personas buscadas que posteriormente fueron ubicadas en estos centros.
Los colectivos también pidieron mejorar el acceso a información sobre personas no identificadas mediante catálogos que puedan ser consultados en las distintas regiones del estado.
La intención es que las propias familias tengan herramientas para comparar características y aportar información que ayude a establecer identidades.
A la par, se solicitó atención para las personas que son localizadas en condiciones de vulnerabilidad y requieren protección temporal, así como servicios de salud para las víctimas y sus familias, debido a que el impacto de una desaparición trasciende el proceso de búsqueda.
Otro pendiente se encuentra en Altamira, donde el inmueble destinado al Centro de Identificación Humana permaneció sin utilizar durante aproximadamente tres años. Según Edith González, recientemente comenzaron trabajos de revisión y levantamiento de las condiciones del edificio, con la intención de determinar qué se necesita para recuperarlo y ponerlo en funcionamiento.
Los colectivos dejaron claro que el seguimiento será constante y que el reto ahora será que los compromisos anunciados se conviertan en infraestructura, personal, equipo y procedimientos capaces de acelerar la identificación de restos y la localización de personas que continúan siendo buscadas por sus familias.
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