Victoria, Tamaulipas.- El fortalecimiento de los mecanismos de prevención y supervisión del gasto público ha permitido cerrar espacios a posibles irregularidades en el manejo de recursos estatales y federales, aseguró la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.
La funcionaria destacó que los resultados de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como por las instancias de fiscalización federal y estatal, reflejan un cambio respecto a años anteriores, al reportarse actualmente cero montos observados en las cuentas públicas entregadas por la administración.
Pedraza Melo recordó que al inicio del actual gobierno existía un antecedente de más de 17 mil millones de pesos en observaciones, mientras que históricamente las revisiones de las cuentas públicas habían arrojado montos superiores a los mil millones de pesos.
Explicó que una de las modificaciones implementadas fue ampliar la vigilancia sobre la obra pública.
Mientras en 2022 se revisaban 38 obras, para 2025 la cifra llegó a 70 inspecciones de diferentes características, con el propósito de verificar que los recursos destinados a infraestructura sean utilizados conforme a la normativa.
Otro indicador que muestra avances, señaló, es el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Al comenzar la administración solamente 34 por ciento atendía esta obligación, pero actualmente el porcentaje alcanza 95.87 por ciento.
En materia de transparencia también se registró una mejora, debido a que el cumplimiento de las secretarías del Poder Ejecutivo pasó de 74 a 98 por ciento, lo que representa un mayor nivel de atención a las obligaciones relacionadas con el acceso a la información pública.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno explicó que el modelo aplicado busca actuar antes de que una irregularidad se concrete, mediante acciones preventivas, revisiones constantes y mecanismos de corrección.
El objetivo, sostuvo, es que la vigilancia sobre el presupuesto no se limite a detectar anomalías una vez que el dinero fue ejercido, sino que permita identificar riesgos y corregir desviaciones oportunamente para garantizar que cada recurso tenga respaldo legal y sea destinado al propósito para el que fue autorizado.
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