Autoridades comunitarias y organizaciones civiles pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum emitir un decreto que prohíba el fracking en la Huasteca Potosina y la cuenca hidrocarburífera Tampico-Misantla, para convertir el compromiso del gobierno federal en un instrumento de protección de los territorios y el agua.
La demanda forma parte de los acuerdos del séptimo Foro No al Fracking, en Defensa del Territorio, el Agua y la Vida, celebrado el 19 de septiembre en el Centro Cultural de la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles, San Luis Potosí.
Los participantes acordaron exigir que el compromiso presidencial “se traduzca en un Decreto promulgado por el ejecutivo federal”. El planteamiento comprende la cuenca Tampico-Misantla y no se limita al municipio tamaulipeco de Tampico.
En el documento, suscrito por la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, señalaron que el decreto debe proteger a las comunidades, sus actividades económicas y los ecosistemas frente a proyectos que comprometan su viabilidad.
La petición tiene como antecedente el anuncio presidencial del 6 de agosto, cuando Sheinbaum aceptó la recomendación del comité de especialistas de descartar la extracción de gas no convencional en Tampico-Misantla por sus condiciones sociales y ambientales.
“Lo vamos a decretar, que en esa cuenca no”, afirmó entonces la mandataria.
Durante aquella presentación, los especialistas destacaron la presencia de población indígena y el valor ambiental y cultural de la región. Para otras cuencas del noreste, el gobierno federal mantuvo abierta la evaluación, condicionada a estudios sobre disponibilidad de agua salada subterránea y viabilidad de los yacimientos.
Los acuerdos del foro plantean, además, una prohibición de alcance nacional. Los asistentes exigieron a la Cámara de Diputados acelerar el análisis y debate para incorporar la prohibición del fracking en la Constitución, “como garantía de alejar definitivamente esa amenaza sobre el territorio nacional”.
Mientras impulsan esas demandas, acordaron continuar con asambleas y revisar mecanismos locales de protección: reglamentos municipales y comunitarios, actas de cabildo, áreas destinadas voluntariamente a la conservación y planes de ordenamiento ecológico territorial.
Al encuentro acudieron autoridades comunitarias de 13 municipios potosinos, entre ellos Xilitla, Tamazunchale, Ciudad Valles y Ébano, además de representantes de organizaciones de la Huasteca Veracruzana, Sierra Norte de Puebla, Nuevo León y Ciudad de México.
También participaron especialistas en política ambiental, alternativas energéticas y defensa jurídica del territorio. Entre ellos estuvieron Leticia Merino, integrante del comité convocado por la Presidencia, y Charly Canek Punzo, de Fundar.
Otro de los acuerdos fue rechazar el proyecto de trasvase que el documento identifica como Pánuco-Cerro Prieto, antes Monterrey VI. Las organizaciones sostuvieron que llevar agua hacia Nuevo León profundizaría los problemas de disponibilidad en las Huastecas y podría agravar la entrada de agua salada en la cuenca baja del Pánuco, con afectaciones para la pesca y las actividades agropecuarias.
Finalmente, propusieron coordinarse con el movimiento Noreste Sin Fracking para oponerse a la expansión de esta técnica en las cuencas de Burgos, Burro Picachos y Sabinas, en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
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