TAMPICO, Tamaulipas.— La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas suprimió cuatro agencias del Ministerio Público Investigador ubicadas en Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Madero, como parte de una nueva concentración de los expedientes que permanecen bajo el sistema penal tradicional.
La medida entró en vigor a las 00:00 horas del 1 de septiembre, de acuerdo con los acuerdos 09, 10 y 11 de 2026, firmados por el fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco y publicados el 27 de agosto en el Periódico Oficial de Tamaulipas.
Las oficinas eliminadas son la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de Reynosa; la Agencia Primera de Nuevo Laredo; la Agencia Segunda de Tampico, y la Agencia Primera de Ciudad Madero.
El cierre no implica, según los acuerdos, la cancelación de los asuntos pendientes. Los libros de gobierno, sellos oficiales, expedientes vigentes, archivos definitivos y casos en calificación deberán trasladarse a otras áreas de la Fiscalía.
En Reynosa, los expedientes pasarán a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador. Los asuntos de Tampico y Ciudad Madero también serán concentrados en la Agencia Primera con residencia en Tampico.
En el caso de Nuevo Laredo, el acuerdo ordena entregar la documentación a la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, para reasignarla entre los agentes del Ministerio Público de su adscripción y continuar con la integración de cada expediente.
Los documentos no exponen cifras sobre la cantidad de averiguaciones previas pendientes, las cargas de trabajo, el personal afectado o los ahorros previstos. La justificación se limita a señalar que “se estima necesario suprimir” las agencias y concentrar los expedientes.
Las oficinas formaban parte de la estructura encargada de desahogar asuntos iniciados bajo el sistema penal tradicional. Desde 2015 y 2016, Tamaulipas incorporó gradualmente el sistema penal acusatorio, en el que las denuncias actuales son atendidas por Unidades de Atención Inmediata y Unidades Generales de Investigación.
Por ello, la supresión no debe interpretarse automáticamente como el cierre de las actuales unidades receptoras de denuncias en los cuatro municipios. Los acuerdos se refieren expresamente a libros de gobierno, averiguaciones previas, actas circunstanciadas y expedientes que todavía deben ser concluidos.
La Fiscalía estableció que los asuntos serán reasignados para que “se continúe con su integración hasta determinarlos”. Sin embargo, no informó cuántos casos permanecen abiertos ni el tiempo calculado para resolverlos.
El acuerdo 10/2026 presenta además una inconsistencia interna. Su encabezado y su parte resolutiva ordenan suprimir la Agencia Primera de Nuevo Laredo, pero uno de sus considerandos señala que se eliminará la Agencia Segunda y que los expedientes serán radicados en la Primera.
La parte obligatoria del documento vuelve a identificar como suprimida la Agencia Primera y dispone que sus expedientes sean enviados a la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos. La Fiscalía no publicó en esas páginas una fe de erratas para aclarar la contradicción.
Los tres acuerdos fueron firmados el 25 de agosto por Govea Orozco, dos días antes de su publicación. En los artículos transitorios se instruyó a las áreas competentes de la Fiscalía a realizar las gestiones necesarias, pero tampoco se precisó el destino de los trabajadores ni de los recursos materiales asignados a las agencias.
La reorganización reduce la estructura que aún opera asuntos del modelo penal anterior y concentra los expedientes en menos oficinas. Queda pendiente que la Fiscalía detalle el volumen de casos transferidos y explique cómo garantizará que el movimiento no retrase su conclusión ni afecte a víctimas que todavía esperan una determinación.
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