La intención del gobierno federal de impedir que personas con doble nacionalidad ocupen cargos ejecutivos abrió una diferencia sobre el alcance municipal de la reforma, la Secretaría de Gobernación anunció que la restricción incluirá a alcaldes y alcaldesas, pero la iniciativa enviada al Congreso no contiene esa prohibición.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, planteó ante legisladores de Morena que el cambio debe comprender la Presidencia de la República, las gubernaturas y las presidencias municipales.
El proyecto presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 27 de agosto, sin embargo, únicamente plantea modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Estos apartados regulan los requisitos para ocupar la Presidencia, los gobiernos estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La iniciativa no modifica el artículo 115, que establece las bases constitucionales de los municipios, ni incorpora una regla expresa para quienes busquen encabezar un ayuntamiento.
La definición quedará en manos de la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales podrá mantener el proyecto como fue presentado o ampliar la restricción durante el proceso de dictamen.
“No sabemos si se ampliará a presidentes municipales. Dependerá de la Comisión de Puntos Constitucionales”, declaró Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
El legislador se pronunció por acotar la medida a tres cargos: la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.
Monreal sostuvo que las atribuciones de esas autoridades pueden comprometer al país o a una entidad federativa, pero pidió considerar la realidad de las personas nacidas en Estados Unidos dentro de familias mexicanas, especialmente en los estados fronterizos.
Una prohibición más amplia
El proyecto establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República deberán ser mexicanos por nacimiento, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos y no tener ni adquirir otra nacionalidad.
Las personas que cuenten con una nacionalidad adicional tendrían que renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.
La prohibición también impediría, durante el ejercicio del cargo, adquirir otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos ante otro Estado o solicitar su protección diplomática.
Esas reglas se aplicarían también a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La iniciativa fue recibida por la Comisión Permanente y turnada a la Cámara de Diputados.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal argumentó que la medida busca proteger la soberanía nacional y evitar posibles conflictos de interés.
“Se va a estar dando este debate que consideramos oportuno, importante y tiene que ver con los cargos más importantes, como es la Presidencia de la República y las gubernaturas”, declaró Luisa María Alcalde Luján, titular de la dependencia.
Alcalde pidió que el Congreso desarrolle un “debate de altura” y afirmó que las personas con otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de competir por los cargos incluidos en la reforma.
El anuncio de Gobernación sobre los municipios va más allá del texto enviado por la Presidencia. La ampliación obligaría al Congreso a definir una regla nacional para las candidaturas municipales o establecer las bases para que las constituciones estatales incorporen el nuevo requisito.
Una condición regulada desde los estados
Los requisitos para integrar los ayuntamientos no son idénticos en todo el país. Las constituciones y leyes electorales estatales establecen condiciones de nacimiento, ciudadanía, residencia y vecindad para las candidaturas municipales.
La doble nacionalidad ya ha generado controversias electorales. En 2024, Movimiento Ciudadano cuestionó el registro de un candidato a la presidencia municipal de Compostela, Nayarit, porque presuntamente había adquirido la nacionalidad española.
La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral desechó el juicio porque fue presentado fuera del plazo legal, sin estudiar el fondo de la discusión sobre la elegibilidad del candidato.
La Constitución ya ordena que la ley regule los derechos de quienes poseen otra nacionalidad y establezca medidas para evitar conflictos. La Ley de Nacionalidad dispone que la restricción debe aparecer expresamente en la norma que regula cada cargo.
El artículo 15 señala que, cuando una función sea reservada a personas mexicanas por nacimiento que no hayan adquirido otra nacionalidad, “será necesario que la disposición aplicable así lo señale expresamente”.
Esto significa que un anuncio político no modifica por sí mismo los requisitos para competir por un ayuntamiento. La prohibición tendría que quedar incorporada en el dictamen, ser aprobada por las dos cámaras y recibir el respaldo de al menos 17 congresos estatales, como exige cualquier reforma constitucional.
Mientras no exista un dictamen, alcaldes y alcaldesas permanecen fuera del texto formal enviado por Sheinbaum. Su inclusión es, hasta ahora, una propuesta expresada por Gobernación y no una regla constitucional vigente.
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