Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El gobierno de Estados Unidos endureció la fiscalización de operaciones comerciales en su frontera con México, con especial atención al traslado de hidrocarburos, en medio de las investigaciones abiertas por esquemas de contrabando conocidos como huachicol fiscal.
Las inspecciones ya no se concentran únicamente en comprobar qué mercancía transporta una unidad. La revisión puede alcanzar al vendedor, comprador, empresa transportista, documentación utilizada y las rutas seguidas por el cargamento, explicó José Edgar Zamorano Santillán, vicepresidente adjunto de la Región Noreste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
“No se trata necesariamente de una nueva revisión generalizada, sino de un endurecimiento del esquema de fiscalización estadounidense, particularmente sobre operaciones consideradas de riesgo”, declaró el representante empresarial a Expreso.
El reforzamiento tiene impacto particular para Tamaulipas, estado donde durante los últimos meses diferentes investigaciones federales por contrabando de combustibles han colocado bajo revisión operaciones realizadas a través de las aduanas de Matamoros y de los puertos de Tampico y Altamira.
En Matamoros, una investigación vinculó al exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México Carlos Eugenio Benítez Orta con el presunto paso de pipas de 55 mil litros a través del puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates. El combustible habría sido declarado mediante documentación irregular para evadir las contribuciones correspondientes.
En Tampico y Altamira, expedientes federales también han señalado operaciones en las que cargamentos de combustible habrían ingresado al país declarados como aditivos para aceites, lubricantes o aceites minerales. Entre los casos investigados se encuentran operaciones relacionadas con decenas de buques y cientos de pipas.
Uno de los expedientes alcanzó al buque Challenge Procyon. La carga fue declarada como aditivos para aceites lubricantes, pero un dictamen oficial determinó que correspondía a diésel automotriz. El SAT estimó que únicamente en ese embarque la evasión de impuestos rondaría los 220 millones de pesos.
Las investigaciones sobre huachicol fiscal mantienen además abiertas líneas contra empresarios, agentes aduanales, operadores logísticos y mandos de la Secretaría de Marina. En julio, Héctor Manuel Portales Ávila, apoderado de Mefra Fletes, obtuvo un criterio de oportunidad y aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República aportando información sobre la operación investigada en el sur de Tamaulipas.
Para los transportistas, el incremento de controles estadounidenses tiene consecuencias aun cuando una operación sea legal. Una inspección secundaria puede extender los tiempos de permanencia de un tractocamión en la frontera y provocar que una unidad pierda un segundo traslado programado durante la misma jornada.
“Una demora aparentemente pequeña puede hacer que se pierda todo un segundo movimiento”, señaló Zamorano Santillán.
El representante de Canacar precisó que no existe una estadística pública de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que permita establecer cuánto aumentaron los tiempos de espera respecto de periodos anteriores.
Las revisiones más estrictas comenzaron a perfilarse desde 2025, pero durante 2026 aumentó el rigor sobre operaciones consideradas de riesgo. En el caso de los hidrocarburos, las autoridades estadounidenses buscan rastrear con mayor precisión el origen, traslado y destino de las mercancías para detectar posibles esquemas de contrabando.
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