Ciudad Madero, Tamaulipas.— La madre de Dafne Zapata Quintos exigió que la muerte de su hija sea investigada como feminicidio y denunció que, hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida por los hechos ocurridos dentro de la Academia Militarizada Doenitz.
La adolescente de 13 años murió después de permanecer cuatro días en un campamento de verano ofrecido por la institución ubicada en Ciudad Madero. La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación, pero el expediente todavía no ha sido judicializado ni existen órdenes de aprehensión conocidas públicamente.
Alejandra Quintos, madre de la menor, rechazó que el caso sea tratado únicamente como homicidio y pidió que las investigaciones se conduzcan con perspectiva de género.
“No es homicidio, tiene que haber una corrección, es feminicidio. La mataron peor que un animal… Sufrió un montón de vejaciones, humillaciones. Quiero justicia, la carpeta está abierta pero no hay detenidos ni en prisión preventiva”, declaró en una entrevista.
La familia también propone crear la llamada Ley Dafne, una reforma que establezca controles, protocolos de seguridad y mecanismos de supervisión para academias militarizadas, campamentos de verano y otras instituciones que ofrecen actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
La propuesta busca prohibir las novatadas, los castigos físicos, la tortura, los ejercicios desproporcionados y cualquier práctica presentada como disciplina o adiestramiento que ponga en riesgo la integridad de los menores.
“No quiero nada más que una ley que ampare que ningún instituto militar público o privado lleve tortura, adiestramientos excesivos, novatadas y demás, porque en cuatro días me mataron a mi hija”, expresó Quintos.
El caso abrió cuestionamientos sobre la falta de vigilancia a este tipo de establecimientos. La Unión Nacional de Padres de Familia en Tamaulipas solicitó el cierre de la academia, mientras autoridades municipales plantearon revisar sus permisos y condiciones de operación.
En el Congreso de Tamaulipas, legisladores comenzaron a plantear una regulación para supervisar campamentos de verano y academias que mantienen menores bajo su cuidado. La discusión ocurre después de la muerte de Dafne y ante señalamientos sobre un vacío legal que habría permitido la operación de actividades sin una vigilancia clara de las autoridades educativas, municipales y de Protección Civil.
Además, antiguos alumnos de la academia han denunciado públicamente presuntos maltratos físicos y psicológicos, humillaciones y prácticas de aislamiento. Estos testimonios deberán ser investigados por la Fiscalía y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad penal.
Durante una movilización en Altamira, familiares y ciudadanos exigieron justicia para Dafne. La familia sostuvo que el certificado de defunción registra el caso como homicidio y reiteró que buscará que la investigación sea reclasificada como feminicidio.
El Gobierno de Tamaulipas informó que la Fiscalía realiza peritajes forenses para determinar las circunstancias de la muerte. Sin embargo, la madre de Dafne mantiene su exigencia central, que se identifique, detenga y procese a quienes resulten responsables, y que el caso no quede limitado a promesas de nuevas reglas después de la tragedia.
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