Victoria, Tamaulipas.— Las personas con carpetas de investigación pero sin vinculación a proceso podrán ser candidatas a cargos públicos en las siguientes elecciones en Tamaulipas.
Este lunes en el Congreso estatal, la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la legisladora PRI, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, aprobaron una reforma al Código Municipal de Tamaulipas.
El diputado local morenista, Claudio de Leija, expuso la iniciativa para eliminar los impedimentos de los derechos político-electorales de personas que únicamente estuvieran sujetas a un proceso penal.
Con la validación legislativa, las fracciones IV, V y VI del artículo 26, la X del y 38 se modifican, especialmente en los requisitos de elegibilidad de quienes aspiren a integrar un ayuntamiento, así como las causas de suspensión o revocación del cargo.
De acuerdo con la iniciativa, los cambios se dan conforme a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La base jurídica, señaló, son los artículos 20 y 35 de la Constitución mexicana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que la legislación vigente contenía un «candado» que afectaba los derechos de una persona desde el momento en que era vinculada a proceso, aun cuando no existiera una sentencia definitiva en su contra.
De Leija argumentó que la Suprema Corte estableció, mediante diversos criterios jurisprudenciales, que imponer consecuencias jurídicas desfavorables únicamente por la existencia de un proceso penal constituye una sanción anticipada y vulnera derechos fundamentales.
La iniciativa de Morena argumenta que las acciones de inconstitucionalidad como la 140/2020 y la 76/2024 forman parte de la jurisprudencia nacional.
Ahora, las personas sujetas a una investigación o proceso penal podrán mantener sus derechos para contender por cargos de elección popular y ejercer funciones públicas, salvo que exista una resolución definitiva que imponga la suspensión de esos derechos conforme a la Constitución.
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