Victoria, Tamaulipas.- El fiscal anticorrupción en Tamaulipas, Andrés García Repper Favila, rechazó que el proceso penal contra la exsecretaria de Bienestar Social del estado, identificada como YAC, tenga motivaciones políticas.
Aclaró que la investigación deriva de señalamientos por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con la contratación de despensas cuyo monto asciende a cerca de mil millones de pesos.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción explicó que los aplazamientos registrados en la audiencia inicial, que ya suman siete, no representan una irregularidad, sino el ejercicio de derechos legales que deben respetarse para no afectar el desarrollo del juicio en etapas posteriores.
Indicó que el tribunal debe asegurar las garantías de la imputada, quien ha presentado distintas justificaciones para posponer las diligencias, entre ellas problemas de salud y recientemente el cambio de representante legal.
Señaló que por ello la autoridad judicial está obligada a otorgar el tiempo necesario a la defensa para revisar la causa.
Subrayó que el cumplimiento del debido proceso es indispensable para evitar futuras impugnaciones o señalamientos contra la actuación de las autoridades, especialmente aquellos relacionados con supuestas violaciones a derechos fundamentales.
La exfuncionaria recientemente logro diferir por sexta ocasión el inicio de la audiencia dentro de la carpeta de investigación CP/0733/2025.
En la sesión más reciente, que tuvo una duración aproximada de dos horas, YAC se presentó de manera presencial ante la jueza Gloria Paloma Gómez de la Cruz, acompañada por su nuevo defensor, el abogado Antonio Amaro Chacón.
La representación de la Fiscalía se pronunció en contra del aplazamiento al considerar que los constantes cambios de abogado podrían estar siendo utilizados como una táctica para alargar el procedimiento judicial, lo que además obliga a reiniciar el análisis del caso.
Consultado sobre la posibilidad de que se le designe un defensor público, García Repper Favila aclaró que esa determinación corresponde únicamente a la autoridad judicial.
“Eso lo decide el juez, si ella ya no tiene abogado se le asigna uno, pero esa no es una decisión de la Fiscalía”, expresó.
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