Victoria, Tamaulipas.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos negó que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, cuenten con un permiso especial de ingreso a ese país, conocido como “parole”, luego de reportes periodísticos sobre una presunta cancelación de visas por motivos de seguridad.
La respuesta fue publicada por La Opinión, medio que solicitó oficialmente al DHS información sobre si alguno de los dos mandatarios había recibido un Significant Public Benefit Parole, figura migratoria que permite a una persona extranjera ingresar o permanecer temporalmente en Estados Unidos sin visa cuando su presencia representa un beneficio público, gubernamental o de seguridad nacional.
“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”, respondió la dependencia estadounidense a través de un correo electrónico enviado al medio.
La precisión del DHS es relevante porque el “parole” sólo puede ser otorgado por tres oficinas de esa dependencia: Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Aduanas y Protección Fronteriza e Inmigración y Control de Aduanas. Para contestar, el Departamento de Seguridad Nacional tuvo que revisar los permisos emitidos por esas áreas.
El caso surgió después de que Los Angeles Times y Puente News Collaborative publicaron que Estados Unidos habría retirado las visas de Durazo y Villarreal, además de permitirles el ingreso mediante un permiso especial. El reportaje atribuyó la información a fuentes familiarizadas con el caso y señaló presuntas investigaciones relacionadas con vínculos con el crimen organizado.
En el caso del gobernador de Tamaulipas, el mismo reporte mencionó supuestas indagatorias vinculadas con tráfico ilegal de combustibles. El Gobierno estatal rechazó esas versiones y sostuvo que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acrediten los señalamientos.
Villarreal Anaya mostró posteriormente su visa estadounidense ante medios de comunicación y aseguró que no ha recibido notificación de cancelación, revocación o restricción. También negó haber ingresado a Estados Unidos mediante “parole” o cualquier permiso especial.
La nueva respuesta del DHS coincide con esa negativa en el punto específico del permiso migratorio especial. Sin embargo, la dependencia estadounidense no aclaró si las visas de ambos mandatarios permanecen vigentes, pues remitió cualquier pregunta sobre ese tema al Departamento de Estado.
“Para cualquier pregunta sobre sus visas, les remitimos al Departamento de Estado”, indicó el DHS, según la respuesta publicada por La Opinión.
El Departamento de Estado, por su parte, señaló que la verificación de antecedentes para visas es un proceso continuo, incluso después de que una visa fue emitida. También explicó que, si aparece información nueva y potencialmente desfavorable, un funcionario consular puede revisar si la persona sigue siendo elegible para conservar el documento.
La controversia ocurre en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con redes criminales. En semanas recientes, fiscales estadounidenses presentaron cargos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, mientras el gobierno mexicano ha acusado intentos de presión e injerencia política.
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* Con información de La Opinión. Aquí puedes consultar la publicación original.
