Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó confirmar si el Gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, luego de un reporte de Los Angeles Times y Puente News Collaborative sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal señaló que corresponde a los propios gobernadores aclarar la información difundida, pero cuestionó la intención política de hacer pública una supuesta revocación de visas.
“Ellos tienen que aclarar”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el caso. También pidió no adelantar conclusiones y mantener la calma ante los señalamientos.
La presidenta criticó que la información haya sido filtrada a un medio estadounidense y vinculó el caso con una estrategia de presión y ruido político contra México.
“¿Qué intención hay con quitar la visa y además hacerlo público?”, cuestionó Sheinbaum, de acuerdo con reportes de la conferencia.
El señalamiento surgió de una publicación de Los Angeles Times, retomada por medios nacionales, en la que se afirma que Estados Unidos habría revocado las visas de Durazo y Villarreal, aunque ambos podrían seguir ingresando a ese país mediante un permiso especial. El diario atribuyó la información a fuentes familiarizadas con el caso y señaló que las presuntas investigaciones estarían relacionadas con crimen organizado; en el caso de Tamaulipas, con actividades ligadas al huachicol.
Sheinbaum no confirmó la existencia de investigaciones ni la cancelación de visas, pero sostuvo que hay sectores interesados en generar temor en el país.
“Hay que estar tranquilos”, dijo la presidenta al abordar los señalamientos contra los mandatarios estatales.
Los gobiernos de Tamaulipas y Sonora rechazaron las versiones. En el caso de Sonora, la administración estatal afirmó que Durazo cuenta con visa vigente y que no ha sido notificado de investigación alguna por parte de autoridades estadounidenses. “Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento”, señaló el gobierno sonorense.
En Tamaulipas, el coordinador de Comunicación Social, Gerardo Algarín Hernández, también negó los señalamientos publicados y sostuvo que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acrediten una investigación criminal contra Villarreal Anaya.
El caso se suma a una serie de reportes sobre políticos mexicanos que han perdido visas estadounidenses o han sido mencionados en investigaciones del gobierno de Estados Unidos. Entre los casos recientes aparecen gobernadores, alcaldes, exfuncionarios y figuras de distintos partidos, aunque las autoridades estadounidenses no siempre hacen públicas las razones específicas de estas restricciones migratorias.
La tensión ocurre mientras la administración de Donald Trump ha endurecido el discurso contra cárteles mexicanos y funcionarios presuntamente vinculados con redes criminales. La propia Sheinbaum ha acusado en días recientes intentos de injerencia y campañas para influir en la política interna de México rumbo a 2027, aunque también ha dicho que no atribuye directamente esa ofensiva al presidente estadounidense.
Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de Estado de Estados Unidos han hecho pública una acusación formal contra Américo Villarreal o Alfonso Durazo. La postura de la Presidencia mexicana fue pedir aclaraciones a los gobernadores, cuestionar la filtración y ubicar el caso dentro de un clima de presión política desde sectores estadounidenses.
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