Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Un juez federal absolvió a siete elementos de la Secretaría de Marina acusados por desaparición forzada en Nuevo Laredo, pese a que el expediente incluía 52 testigos presenciales, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
Los marinos formaban parte de los elementos procesados por hechos ocurridos en 2018, cuando integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina fueron señalados por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en la frontera de Tamaulipas.
La resolución representa otro revés judicial para la Fiscalía General de la República en uno de los expedientes más graves contra fuerzas federales en Tamaulipas. En mayo, la CNDH ya había advertido que, tras la absolución de nueve marinos en otro proceso, ninguno de los 30 elementos detenidos en 2021 permanecía en prisión.
El caso tiene origen en los operativos desplegados por la Marina en Nuevo Laredo entre febrero y mayo de 2018. La CNDH documentó que elementos navales realizaron detenciones sin orden judicial, sin flagrancia y sin caso urgente, en colonias, domicilios particulares, talleres mecánicos y negocios.
Los elementos señalados portaban uniformes con la leyenda “Marina”, armas largas, chalecos antibalas y cubrían sus rostros, además de utilizar camionetas tipo pick up en los operativos. Entre las víctimas documentadas hubo adolescentes de entre 14 y 17 años.
En 2020, la CNDH emitió la Recomendación 36VG/2020, en la que calificó los hechos como violaciones graves a derechos humanos por el número de víctimas y por afectaciones a derechos como la vida, la integridad y la libertad personal. El organismo documentó 27 personas desaparecidas y 12 asesinadas dentro de ese expediente.
Uno de los antecedentes del proceso ocurrió en abril de 2021, cuando un juez federal vinculó a proceso a 30 elementos de la Marina por su probable participación en desapariciones forzadas durante el operativo especial Nuevo Laredo. En ese momento, la FGR informó que todavía tenía órdenes de aprehensión pendientes contra otros elementos navales.
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señaló entonces que las familias buscaban que los detenidos colaboraran para localizar a las personas que continuaban desaparecidas.
“De nada sirve tener personas detenidas si no sabemos el paradero de las personas desaparecidas, entre ellos un menor de edad, entre febrero y mayo de 2018”, dijo Ramos Vázquez en 2021.
La CNDH también ha señalado inconsistencias en la información entregada por la Marina durante la investigación. Según el organismo, existieron contradicciones entre partes de novedades entregados en 2018 y documentos posteriores presentados en 2019, lo que fue considerado como posible alteración u ocultamiento de información.
Tras la absolución de mayo, la CNDH exhortó al Tribunal de Disciplina Judicial a revisar la actuación del juez federal que dictó el fallo y, en su caso, aplicar medidas correspondientes. El organismo también anunció una reunión con familiares de víctimas y con la CEAV para revisar la demora en las reparaciones integrales.
La Secretaría de Marina aceptó en 2020 la recomendación de la CNDH y ofreció una disculpa pública a las víctimas y familiares.
“Sabemos que ninguna palabra que hoy aquí se diga podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas, pero estamos claros que ésta es la ruta hacia una verdad que las dignifique”, señaló la institución en ese acto.
A ocho años de los hechos, las absoluciones han dejado a las familias sin responsables sentenciados por uno de los casos más documentados de desaparición forzada atribuido a fuerzas federales en Tamaulipas.
La nueva resolución no cierra la exigencia de verdad y justicia. Para las familias, el punto pendiente sigue siendo el mismo desde 2018: conocer dónde están las personas que continúan desaparecidas y que las investigaciones deriven en responsabilidades firmes.
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