Ciudad Madero, Tamaulipas.- El Gobierno de Ciudad Madero detectó un adeudo fiscal superior a los 25 millones de pesos correspondiente a la administración encabezada por Adrián Oseguera Kernion, luego de iniciar trámites para dar continuidad a proyectos municipales.
La deuda corresponde al Impuesto Sobre Nómina de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, obligación contemplada en la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas para personas físicas, morales y entes públicos. El periodo observado coincide con la pasada administración municipal de Oseguera Kernion, actualmente diputado federal.
El alcalde Erasmo González Robledo informó que la Secretaría de Finanzas notificó al Ayuntamiento sobre el adeudo cuando el municipio buscaba obtener documentación para un manifiesto de impacto ambiental relacionado con el proyecto del Parque Lineal.
“Nos notificó de un adeudo en el pago del Impuesto Estatal Sobre Nómina, que es sobre las remuneraciones de los trabajadores del Ayuntamiento, que es del 3% y es una obligación en la Ley de Hacienda del estado de Tamaulipas”, señaló.
El monto reportado asciende a 25.8 millones de pesos. De acuerdo con la información municipal, el cobro original rondaba los 10 millones de pesos, pero acumuló más de 15 millones en actualizaciones, recargos y multas por el paso de los años.
El contralor municipal, Ricardo Pérez Monsiváis, informó que el requerimiento fue identificado durante trámites administrativos vinculados con obras y proyectos estratégicos para la ciudad. La Contraloría ya integra un expediente para revisar los antecedentes del caso y determinar si existen responsabilidades administrativas de exservidores públicos.
La situación obliga al actual Ayuntamiento a diseñar un esquema financiero y administrativo para atender el requerimiento ante el Estado, mientras busca evitar que el adeudo detenga la continuidad de obras municipales.
El caso se suma a otros compromisos financieros heredados que ha enfrentado la administración actual. A principios de año, el municipio también tuvo que ajustar recursos para cubrir un laudo judicial, de acuerdo con lo informado por autoridades locales. La revisión del expediente definirá si la omisión en el pago del impuesto deriva en procedimientos administrativos contra funcionarios de la pasada administración.
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