Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República prepara una nueva solicitud de órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, empresarios, exfuncionarios y operadores logísticos presuntamente ligados a una red de contrabando de huachicol fiscal que operó en puertos de Tamaulipas.
El expediente federal ubica operaciones en Tampico y Altamira, donde buques y pipas habrían ingresado combustible al país mediante pedimentos en los que la carga fue declarada como aditivos para aceites, lubricantes o aceites minerales, con lo que se habrían evitado controles regulatorios e impuestos aplicables a hidrocarburos.
Entre los nombres incluidos en la investigación aparece Benito Abad Pérez Escalante, señalado por presuntamente manipular pedimentos relacionados con 31 buques que llegaron al puerto de Tampico con millones de litros de combustible, declarados como aditivos para aceites y lubricantes a granel para empresas como Intanza y Azteca Cone.
Pérez Escalante fue regidor del Ayuntamiento de Tampico en el periodo 2018-2021, postulado en la planilla del PRI, donde encabezó la comisión de Desarrollo Económico.
Otro agente mencionado en la indagatoria es Nazario Rodríguez López, vinculado con operaciones en el puerto. También aparece Estuardo Ciro del Ángel Valdés, con patente aduanal en Altamira desde 1994, señalado por haber tramitado el ingreso de 25 buques declarados como aditivos, cuando presuntamente transportaban combustible para la empresa B-Match.
El expediente también incluye a Hantulio Ordóñez Juárez, agente aduanal con patente en Matamoros desde 1996 y director de Strategia Trade & Global Logistics S.C., quien habría tramitado pedimentos de 499 pipas con combustible que cruzaron por Matamoros entre agosto y septiembre de 2023, declaradas como aceites minerales para Sensive Solutions.
La investigación federal señala además a María Cristina Cházaro Mabarak, en Tampico; Marco Aurelio Ochoa López, en Guaymas; Ángel Aceves Hernández, en Ensenada; y María Elena Moreno Durazo, en Nogales, lo que apunta a una operación coordinada en distintas aduanas del país.
En el centro de la red empresarial aparecen compañías como Intanza, Azteca Cone, B-Match y Sensive Solutions, domiciliadas en Monterrey, Nuevo León, y señaladas como parte del entramado utilizado para la importación de hidrocarburos.
Uno de los casos más documentados es el del buque Challenge Procyon, cuya guía marítima consignó un embarque de 17 millones 459 mil 290 kilogramos de producto enviado desde Houston, Texas, hacia Tampico. La carga fue declarada comercialmente como “aditivos para aceites lubricantes”.
Sin embargo, tras la revisión física y documental, la autoridad aduanera ordenó la toma de muestras. El dictamen oficial del 22 de marzo de 2025 concluyó que el producto correspondía a “aceite diésel —gasóleo— con contenido de azufre inferior o igual a 15 partes por millón”. La mercancía fue reclasificada como diésel automotriz.
La Agencia Nacional de Aduanas de México también detectó una presunta subvaluación. El cargamento fue declarado con un valor aproximado de 53 millones de pesos, equivalente a 2.55 pesos por litro, aunque operaciones similares de importación de diésel se ubicaban cerca de 10.92 pesos por litro. Con ese parámetro, el valor comercial real rondaría los 228 millones de pesos.
El SAT calculó que por cada litro introducido de contrabando se habría omitido el pago de alrededor de 11 pesos en impuestos, principalmente IEPS, IVA y derecho de trámite aduanero. Sólo por el embarque de marzo de 2025, la evasión estimada sería de aproximadamente 220 millones de pesos.
La FGR ya había solicitado 14 órdenes de aprehensión, pero el 29 de marzo la jueza federal Mariana Vieyra Valdez devolvió la petición por deficiencias técnicas. Las autoridades federales subsanaron las inconsistencias y prevén presentar nuevamente la solicitud ante el juzgado.
Además de los agentes aduanales, la investigación menciona a Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, vinculado con empresas de transporte; a Osvel Tudón Rojas, señalado como intermediario en presuntas entregas de sobornos; y a José Isabel Murguía Santiago, “El Choko”, identificado dentro del expediente como parte del entramado.
El caso forma parte de una investigación federal más amplia sobre huachicol fiscal, modalidad que consiste en introducir combustible al país mediante documentación falsa o clasificación aduanal distinta para evadir impuestos y controles. En esta indagatoria, el foco está puesto en puertos, aduanas, empresas importadoras y operadores logísticos que habrían permitido el ingreso irregular de hidrocarburos durante al menos dos años.
Hasta ahora, las nuevas órdenes de aprehensión no han sido autorizadas públicamente por un juez federal. La decisión judicial determinará si el expediente avanza contra los presuntos operadores de la red o si enfrenta nuevos obstáculos procesales.
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