Ciudad de México.– El caso de Rubén Rocha Moya entró en una fase de presión política y revisión jurídica simultánea después de que fiscales federales de Estados Unidos presentaran una acusación contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios o exfuncionarios por presuntos delitos de narcotráfico y armas. La imputación fue abierta en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y alcanzó también a Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
La acusación sostiene que esos funcionarios habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir droga a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos. En el caso de Rocha Moya, el señalamiento estadounidense va más allá del cargo personal y coloca a su administración como parte del andamiaje político que, según los fiscales, permitió operar al grupo criminal en Sinaloa. Otra de las imputaciones sostiene que Rocha ganó la gubernatura en 2021 con ayuda de Los Chapitos.
Tras la publicación del caso, Rocha Moya respondió con un posicionamiento en el que rechazó las imputaciones. “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”, expresó. En el mismo mensaje agregó: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación”.
En paralelo, la ruta mexicana se activó por la vía diplomática y ministerial. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos y las turnó a la Fiscalía General de la República. La Cancillería precisó que los documentos revisados “no cuenta[n] con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad” de las personas señaladas, y sostuvo que corresponderá a la FGR definir si existen elementos probatorios suficientes conforme al sistema jurídico mexicano.
A partir de esa remisión, la FGR abrió una investigación. En la información pública disponible, la fiscalía confirmó que revisará la solicitud conforme a la legislación nacional y a los términos del tratado bilateral. La discusión inmediata en México dejó de ser sólo política y pasó al terreno de procedencia jurídica: si existen elementos para respaldar la detención provisional y, en su caso, abrir un proceso de extradición.
El caso también movió posicionamientos dentro del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, pero añadió que si el gobierno de Estados Unidos no presenta “pruebas contundentes e irrefutables”, el señalamiento podría tener un propósito político. En otro posicionamiento sostuvo que “ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro país a decidir quién es culpable y quién no”, con lo que colocó el caso tanto en el terreno judicial como en el de soberanía.
En Sinaloa, el expediente abrió varias reacciones. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también rechazó los señalamientos y aseguró que seguiría en funciones. Al mismo tiempo, 18 alcaldes de Sinaloa difundieron un respaldo público a Rocha Moya y pidieron respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Morena Sinaloa, en cambio, mantuvo una posición más contenida en las primeras horas posteriores a la imputación.
En el plano penal, la acusación de Nueva York expone consecuencias potenciales severas. La cobertura local del caso detalló que, de acreditarse la responsabilidad en los términos planteados por la fiscalía estadounidense, las penas podrían alcanzar cadena perpetua para algunos de los acusados. Ese escenario, sin embargo, sigue atado a varias etapas previas: localización jurídica, validación de pruebas, eventual proceso de extradición y desarrollo del juicio en Estados Unidos.
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