Ciudad de México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, señaló que Tamaulipas mantiene un entramado de leyes antiaborto que discriminan a las personas gestantes.
Elefante Blanco tuvo acceso al proyecto de resolución del amparo en revisión 426/2025 interpuesto por un grupo de mujeres. En el documento, Aguilar Ortiz propone invalidar los siguientes artículos:
- La porción normativa «desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural prevista en el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
- El artículo 356 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en su totalidad.
- El artículo 357, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en su totalidad.
- Las fracciones I y Il del artículo 358 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
- El artículo 359 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en su totalidad.
- El artículo 360 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en su totalidad.
- La fracción Il del artículo 361 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
Dentro de las consideraciones del ministro Hugo Aguilar, destaca:
«Así, para este alto tribunal, la manera en que el legislador limitó la penalización de la interrupción del embarazo con motivo de una violación supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar»
Asimismo, en otro apartado del proyecto, la colectiva reclamó que el gobernador Américo Villarreal y la Secretaría de Salud de Tamaulipas omiten la instrucción, difusión, organización e implementación de los servicios de salud para el acceso al aborto electivo o voluntario.
«[…] las autoridades locales sí tienen la obligación de prestar, difundir, organizar e implementar los servicios de salud para garantizar el derecho a interrumpir el embarazo de forma voluntaria, de conformidad con los estándares establecidos en esta ejecutoria y en las acciones de inconstitucionalidad 148/2017, 106/2018 y su acumulada 107/2018, y 85/2016.»
Votarán contra leyes antiaborto
El grupo de personas gestantes presentaron el amparo en revisión en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en 2023. En dicho órgano, la colectiva fijó su postura «en contra de diversos artículos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, así como de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que contienen el sistema normativo que criminaliza el aborto en dicha entidad federativa, por vulnerar sus derechos a la autonomía reproductiva, libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación, salud y libertad de conciencia».
Asimismo, las quejosas reclamaron la omisión de difusión, organización e implementación de los servicios de salud para garantizar el derecho a interrumpir el embarazo de forma voluntaria.
La juez de distrito, Rosa María Cortes Torres, determinó sobreseer el juicio de amparo indirecto, pues consideró inexistente uno de los actos reclamados y que las promoventes no contaban con interés legítimo para promover el juicio.
Ante ello, las promoventes interpusieron un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito. Dicha instancia solicitó a la SCJN de la Nación que ejerciera su facultad de atracción, lo cual ocurrió en la primera sesión de la nueva Corte mexicana.
El proyecto elaborado por el ministro presidente se enlisto para ser votado en la sesión del jueves 16 de abril. De aprobarse sin modificaciones, habrá un antecedente que obligue al Congreso de Tamaulipas a derogar los artículos que criminalizan la interrupción legal del embarazo.
Desde 2021, la mayoría legislativa, perteneciente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), evita analizar las dos iniciativas presentadas por Isidro Vargas y Lucero Deosdady, legisladoras de la Cuarta Transformación. El actual presidente del Congreso, Humberto Prieto, justificó el atraso con el llamado a un parlamento abierto a pesar de la jurisprudencia antiaborto que existe.
En la pasada marcha del 8M, las colectivas de Tamaulipas exigieron que los tres poderes estatales garanticen los derechos de las personas gestantes, como una primera base para impulsar la igualdad.
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