Victoria, Tamaulipas.— La extorsión dejó de ser un delito que dependiera, en los hechos, de que la víctima se presentara a denunciar. Con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, el tipo penal se establece como materia a investigar y perseguir de oficio, con reglas específicas para coordinación, investigación y judicialización.
La nueva ley fija una sanción base de 15 a 25 años de prisión para quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener lucro o causar daño. A esa pena se le suman incrementos por agravantes: de cuatro a ocho años en supuestos vinculados a cobro de cuotas, presión a actividades productivas y uso del sistema financiero, entre otros; y de cinco a 12 años cuando la víctima esté en condición de vulnerabilidad —como personas migrantes, menores de edad o mayores de 60 años— o cuando se utilicen medios tecnológicos y contenido privado para coaccionar.
En Tamaulipas, el Congreso local aprobó el 10 de diciembre de 2025 la legislación estatal para armonizarse con el marco federal. El boletín legislativo plantea que el nuevo ordenamiento incluye definición del delito, agravantes adaptadas a modalidades con tecnologías y la previsión de unidades especializadas para la investigación y atención a víctimas.
El contexto que empuja la reforma es doble: incidencia reportada y subregistro. En una revisión citada por autoridades estatales con base en carpetas, se reportaron 110 investigaciones por extorsión hasta noviembre, con picos mensuales en mayo y septiembre. En paralelo, el propio gobierno reconoce la dimensión del subregistro: la ENVIPE 2024 de INEGI ubica la “cifra negra” de extorsión en 96.7%, es decir, casi todo queda fuera de denuncia formal.
En ese terreno, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, llamó a abrir canales con el sector empresarial y empujar la denuncia: “Es un área de oportunidad, es importante abrir los espacios, atenderlos…”, dijo, antes de insistir en que se reporte al 089 o directamente ante la Fiscalía.
El ajuste legal corre en paralelo a la estrategia operativa. En octubre, el Gobierno de Tamaulipas informó que, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se plantearon cinco ejes —unidades locales, detenciones por inteligencia, capacitación a operadores del 089, protocolos a víctimas y campañas preventivas— y que se capacitó a 873 operadores en manejo de crisis y negociación, con participación de personal tamaulipeco.
Otra línea es cortar la operación desde cárceles. En un reporte estatal sobre acciones federales se mencionó el retiro o cambio de infraestructura y el bloqueo de servicios móviles en centros penitenciarios; ahí se anticipó que para el primer trimestre de 2026 se ampliaría el bloqueo en reclusorios federales y de Ciudad de México, dentro de la misma estrategia.
Y hay un ejemplo reciente que ilustra el objetivo, pues en diciembre se reportó la desarticulación de una célula que operaba desde el penal de Reynosa, usando decenas de líneas y cuentas para exigir depósitos a víctimas en Matamoros, un patrón que las autoridades buscan volver más difícil con bloqueo de señal, investigación financiera y persecución oficiosa.
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