Ciudad Victoria, Tamps.– El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Tamaulipas investiga a 35 servidores públicos, entre jueces, secretarios, actuarios y personal administrativo, por retrasos procesales y manipulación de expedientes.
“Se han abierto expedientes e iniciado investigaciones sobre irregularidades en el desempeño de sus funciones… cinco denuncias se han recibido de octubre a la fecha”, dijo la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López.
De acuerdo con la presidenta del Tribunal, el bloque de casos incluye expedientes heredados del antiguo Consejo de la Judicatura y nuevas quejas presentadas desde que entró en vigor la reestructura judicial en octubre de 2025.
De las tres decenas de casos, cinco corresponden a juzgadores que asumieron funciones a partir del 1 de octubre.
Las principales acusaciones son:
- • Dilación injustificada en la integración de asuntos y emisión de resoluciones.
- • Inconformidad con sentencias y criterios adoptados en audiencias.
- • Presunta manipulación de expedientes o manejo indebido de documentos.
Contreras López enfatizó que no sólo se revisa el trabajo de jueces y magistrados, sino también el desempeño de personal administrativo de juzgados y salas, cuando hay señalamientos por maltrato a usuarios, rezagos o fallas en el manejo de expedientes.
Uno de los casos más visibles es el de la jueza tercera de lo familiar en Tampico, identificada como Roxana Ibarra Canul, quien fue separada provisionalmente del cargo en un expediente relacionado con una menor de edad. La magistrada presidenta confirmó que el Tribunal de Disciplina dictó su suspensión mientras se resuelve de fondo si, con la resolución, violó los derechos de infancia.
Contreras López subrayó que el Tribunal de Disciplina Judicial fue creado precisamente para atender procedimientos internos y que tiene facultades para remover a jueces y servidores públicos, cuando se acredita una falta grave.
“El Tribunal tiene plena facultad para separar definitivamente a jueces, secretarios o cualquier servidor público y quien cometa una falta grave será removido”, señaló.
Al mismo tiempo, informó que los procedimientos se conducen bajo los principios de presunción de inocencia y derecho de defensa, y que la proporcionalidad de las sanciones puede ser revisada por una instancia superior.
La magistrada reconoció que parte de las quejas se relacionan con carga de trabajo y condiciones materiales en algunos juzgados, donde el personal ha pedido mejor equipo y espacios más adecuados, pero insistió en que ello no exime de responsabilidad cuando se identifican demoras o conductas que vulneran derechos de las partes.
El Poder Judicial ha insistido en que las investigaciones no detienen los procesos en curso. Los expedientes siguen su ruta legal y pueden ser turnados a otros juzgadores si se determina la suspensión o remoción de quien los llevaba.
Contreras López ha planteado que la política de la nueva administración no busca “ir a los extremos” como primera respuesta, sino fomentar audiencias basadas en respeto, conciliación y diálogo, sin renunciar a la obligación legal de cada juez de conducir correctamente los procesos.
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