El gobierno estatal lanzó acusaciones directas contra la plataforma DiDi al señalar que opera de forma irregular en la entidad al no cumplir con obligaciones fiscales, laborales y de registro de unidades y conductores.
Según el secretario de Transporte Armando Núñez Montelongo, DiDi descuenta un porcentaje de cada viaje —7%— a sus operadores, pero no lo entera al Estado, lo que constituye una evasión.
“Sí les descuentan, pero no lo enteran al Estado”, afirmó el funcionario, quien añadió que DiDi se amparó para evitar el pago del 2% que por ley le corresponde y criticó que no registra a sus operadores ni sus vehículos.
“Didi no quiere hacerse responsable de sus trabajadores. Está operando de manera irregular al no registrar ni contribuir con el pago del Seguro Social”, denunció.
Contrastó este comportamiento con el de Uber, empresa con la que dijo que sí ha colaborado con el Estado al cumplir con esos pagos, proyectando que Uber aporta alrededor de 900 mil pesos mensuales en esa obligación.
“A diferencia de Uber, que sí está colaborando con ese porcentaje… Didi ha evadido el pago durante más de un año, acumulando una deuda estimada en más de 20 millones de pesos”.
Actualmente, el funcionario estimó que en Tamaulipas operan alrededor de 12 mil operadores de plataformas como Uber, DiDi, InDrive, Bahía y otras. Afirmó que algunas plataformas ya están registradas y cumplen, mientras que DiDi se resiste al proceso.
“Actualmente, hay 12 mil operadores de plataformas en Tamaulipas… Didi ni siquiera ha pagado su registro”.
Las autoridades estatales han iniciado operativos para verificar unidades y multar o inmovilizar aquellas que no cumplan con la normativa. En ciudades como Tampico, Ciudad Madero y Altamira ya se han asegurado unidades al no cumplir requisitos de registro.
En septiembre de 2025, se logró inhabilitar 18 unidades de Uber, DiDi y otras plataformas en la zona sur de Tamaulipas por incumplimiento con los requisitos estatales: sellos de inmovilización se colocaron para que los conductores regularicen su situación.
Las sanciones iban acompañadas del requerimiento del pago de permisos estatales, mismos que oscilan en 2,262 pesos por unidad y 2,262 por operador, sumando 4,525 pesos si el propietario conduce la unidad.
También en Tampico se aseguraron 20 unidades de plataformas en operativos estatales como medida para regularizar el transporte digital.
La tensión estatal-plataforma no es exclusiva de Tamaulipas; en otros estados mexicanos también se han enfrentado debates sobre obligaciones fiscales, registro de conductores, prestación de seguridad social y estándares de servicio. Algunos gobiernos locales han promovido leyes estatales que regulan las apps de transporte, mientras plataformas demandan equidad regulatoria frente al transporte tradicional.
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